15 de mayo de 2026

Protestas masivas en Ucrania tras la aprobación de la controvertida ley anticorrupción

Miles de ucranianos salieron a las calles de Kiev y otras ciudades del país el martes para expresar su rechazo a la nueva legislación anticorrupción, que ha generado una profunda controversia en Ucrania.

Ph: Agencia AP

La manifestación, la más grande en más de tres años de invasión rusa, reunió a ciudadanos que demandan al presidente Volodímir Zelenski vetar una ley que, según críticos, socava la estructura de lucha contra la corrupción en la nación.

El Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley que busca reforzar la supervisión de dos órganos anticorrupción fundamentales: la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).

Sin embargo, opositores advierten que la normativa podría debilitar la independencia de estos organismos y aumentar la influencia política en las investigaciones, comprometiendo así el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

Pese a las protestas públicas y las críticas internacionales, incluido el rechazo de la Unión Europea, Zelenski firmó la ley este martes, generando una ola de inquietud en la sociedad civil y entre funcionarios. La medida ha sido vista como un paso atrás en los esfuerzos de Ucrania para cumplir con los requisitos necesarios para avanzar en su proceso de adhesión a la Unión Europea, donde la lucha contra la corrupción es una condición fundamental.

Organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación. La comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos, calificó la votación en el Parlamento ucraniano como un «grave retroceso» y enfatizó que «organismos independientes como NABU y SAPO son esenciales para el camino de Ucrania hacia la UE. El Estado de derecho sigue siendo central en las negociaciones de adhesión».

La protesta del martes marcó un momento crucial en la política ucraniana, poniendo en jaque la percepción internacional del compromiso del país con su lucha anticorrupción y su integración europea. La comunidad civil continúa movilizándose en busca de un compromiso real con la transparencia y la independencia de las instituciones judiciales y anticorrupción.

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