Presupuesto 2026: el ajuste fiscal avanza sobre derechos sociales, educación superior y salud pediátrica
El debate en Diputados trasciende lo fiscal y se convierte en una discusión de fondo sobre el modelo de país, la prioridad del gasto público y los límites del ajuste en un contexto social ya marcado por fuertes niveles de desigualdad.
El Gobierno de Javier Milei busca este miércoles obtener la media sanción en la Cámara de Diputados del Presupuesto 2026, un proyecto que consolida el rumbo de fuerte ajuste del gasto público y que, según el texto del dictamen, profundiza recortes en áreas sociales estratégicas mientras preserva beneficios para los sectores de mayor capacidad económica.
Lejos de limitarse a una previsión de ingresos y gastos, la iniciativa redefine prioridades del Estado y reabre debates que el Congreso ya había saldado.
Entre los puntos más controvertidos aparece la decisión de avanzar con la derogación de leyes clave vinculadas a la discapacidad, la salud pediátrica y el financiamiento de las universidades nacionales. Se trata de normas que habían sido aprobadas por amplias mayorías parlamentarias, vetadas posteriormente por el Presidente y luego ratificadas por ambas cámaras con más de dos tercios de los votos, lo que dejó sin efecto los vetos presidenciales. La inclusión de estas derogaciones en el Presupuesto implica, en los hechos, un nuevo intento del Ejecutivo por revertir decisiones del Congreso mediante una ley de carácter general.
El cambio no figuraba en el proyecto original enviado en noviembre. Sin embargo, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, reconoció durante el debate en comisión que el dictamen final incorpora modificaciones sustanciales. Estas alteraciones contemplan la eliminación del financiamiento específico para las universidades públicas, la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la supresión de partidas destinadas al Hospital Garrahan, uno de los principales centros de atención pediátrica de alta complejidad del país.
El nuevo articulado, en particular el artículo 75, explicita la derogación de las leyes 27.793 y 27.795, correspondientes a la emergencia en discapacidad y al sostenimiento presupuestario del sistema universitario. En cuanto al Garrahan, el Gobierno sostiene que ya cumplió con sus obligaciones, aunque no detalla cómo se garantizará la continuidad de los servicios sin un respaldo presupuestario específico.
Desde una mirada crítica, el proyecto de Presupuesto 2026 no solo plantea un ajuste contable, sino una redefinición del rol del Estado en áreas sensibles. La decisión de avanzar sobre derechos y políticas públicas previamente ratificadas por el Parlamento tensiona el equilibrio institucional y coloca a la ley de Presupuesto como una herramienta para saldar disputas políticas más amplias.
