El oficialismo acelera la reforma laboral en el Senado y Bullrich asume un rol clave en el debate

El inicio del debate parlamentario no solo abre la discusión sobre el contenido de la reforma laboral, sino que también expone una disputa más amplia sobre reglas institucionales, equilibrio de fuerzas y capacidad de negociación en un Congreso fragmentado, donde cada paso del oficialismo estará condicionado por la resistencia opositora y la necesidad de acuerdos transversales.

El Senado dio este miércoles el primer paso formal para el tratamiento de dos iniciativas centrales del gobierno de Javier Milei: la reforma laboral y los cambios a la Ley de Glaciares.

Con el inicio de las reuniones en comisión, el oficialismo busca avanzar contra el reloj para que ambos proyectos lleguen al recinto antes del cierre del período de sesiones extraordinarias previsto para diciembre.

En ese marco, se definieron las autoridades de las comisiones que tendrán a su cargo el análisis de las iniciativas. La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, fue designada al frente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, desde donde se canalizará el debate de la reforma laboral. Su nombramiento no es menor: se trata de una figura política de peso dentro del oficialismo, con experiencia ejecutiva y un fuerte alineamiento con la agenda presidencial, lo que refuerza la estrategia del Gobierno de imprimirle ritmo y conducción política al proyecto.

La conformación de las comisiones también incluyó a Presupuesto y Hacienda, Minería, Energía y Combustibles, que quedarán bajo la presidencia del legislador libertario Ezequiel Atauche. Estas definiciones organizativas resultan claves, ya que anticipan el esquema de mayorías con el que el oficialismo intentará sostener el avance legislativo en un Senado donde no cuenta con dominio propio.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de tensiones. Desde Unión por la Patria surgieron fuertes cuestionamientos a la integración de las comisiones. La senadora Florencia López denunció una subrepresentación del peronismo y calificó la situación como un “atropello institucional”, mientras que el jefe del bloque opositor advirtió que la reforma laboral se estaría discutiendo con “vicios de origen”, lo que podría derivar en futuras impugnaciones políticas y judiciales.

Las críticas opositoras ponen en evidencia uno de los principales desafíos del Gobierno: lograr legitimidad política y parlamentaria para una reforma sensible que impacta directamente en el sistema de relaciones laborales y en la protección social. Pese a ello, Bullrich ratificó ante la prensa la voluntad del oficialismo de avanzar en la búsqueda de consensos y fijó como objetivo obtener la media sanción antes del 26 de diciembre.