Polémica por el índice de inflación: Caputo enfrenta una denuncia penal

La denuncia penal presentada contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta manipulación de datos estadísticos tras la postergación del nuevo índice de inflación, introduce un conflicto que trasciende lo judicial y coloca en el centro del debate la credibilidad institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La presentación fue impulsada por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, quienes acusan al titular del Palacio de Hacienda de violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento del secreto estadístico y falsificación de documentos públicos, entre otros cargos.

El eje de la controversia radica en la decisión de mantener el actual esquema de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pese a que el organismo había previsto implementar una nueva metodología a partir de enero de 2026.

Según los denunciantes, en octubre de 2025 el INDEC había resuelto actualizar la estructura del índice para reflejar cambios en los patrones de consumo. Sin embargo, el Ministerio de Economía decidió postergar su aplicación. De acuerdo con las declaraciones públicas atribuidas a Caputo, el objetivo habría sido evitar que el nuevo índice —que incorporaría con mayor peso la recomposición tarifaria— impactara en la medición de la inflación durante una etapa sensible del programa económico.

Desde una perspectiva técnica, la actualización metodológica de los índices de precios es un procedimiento habitual en los institutos estadísticos, orientado a preservar la representatividad de la canasta de consumo. No obstante, la discusión se torna política cuando el calendario de implementación se vincula con variables macroeconómicas clave. En este caso, el IPC no sólo mide inflación: también funciona como referencia para la fórmula de movilidad jubilatoria, la actualización de pensiones y asignaciones, y las negociaciones salariales en paritarias públicas y privadas.

Para la oposición, la decisión vulneraría la ley 17.622, que regula el funcionamiento del sistema estadístico nacional y garantiza la confidencialidad y autonomía técnica de los datos. Argumentan que la intervención del Poder Ejecutivo en la metodología compromete la independencia del organismo y podría configurar abuso de autoridad.

En términos institucionales, el conflicto se profundizó tras la renuncia del entonces titular del INDEC, Marco Lavagna, hecho que alimentó interpretaciones sobre tensiones internas en torno a la conducción técnica del organismo.

Más allá de la resolución judicial que pueda derivarse de la denuncia, el episodio vuelve a poner bajo escrutinio la relación entre política económica y producción estadística.

La credibilidad de los indicadores oficiales es un activo central para la estabilidad macroeconómica, la negociación social y la confianza de los mercados. En ese marco, la controversia no sólo interpela la legalidad de una decisión administrativa, sino también la calidad institucional del sistema estadístico argentino.