Reforma laboral: el giro de Victoria Villarruel a Diputados activa la cuenta regresiva legislativa
El desenlace en Diputados será determinante: más allá de la aritmética parlamentaria, lo que está en juego es la capacidad del oficialismo de convertir acuerdos circunstanciales en mayorías legislativas estables en un Congreso fragmentado.

Con la media sanción ya otorgada por el Senado, el proyecto de reforma laboral ingresó formalmente a la Cámara de Diputados tras el envío dispuesto por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La demora administrativa —atribuida al procesamiento de cerca de 50 modificaciones incorporadas durante el debate en la Cámara Alta— introdujo tensión en un cronograma parlamentario que ahora aparece ajustado.
El giro marca el inicio de una etapa decisiva: en Diputados se pondrá a prueba la capacidad del oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, para sostener los consensos alcanzados en el Senado y evitar que el proyecto pierda estado parlamentario o quede fuera del actual período de sesiones extraordinarias, que concluye el 28 de febrero.
Desde el punto de vista institucional, la demora no alteró el procedimiento formal, pero sí redujo los márgenes políticos para la negociación. Las modificaciones introducidas en el Senado —resultado de acuerdos con bloques dialoguistas— obligan ahora a una estrategia fina en Diputados: cualquier cambio adicional podría forzar un nuevo giro a la Cámara Alta, dilatando la sanción definitiva.
El oficialismo enfrenta así un doble desafío. Por un lado, acelerar el tratamiento en comisión y en el recinto para cumplir con los plazos reglamentarios. Por otro, preservar el delicado equilibrio político que permitió la media sanción, en un contexto donde sectores sindicales y parte de la oposición cuestionan aspectos centrales de la iniciativa.
En términos políticos, la semana se anticipa como un escenario de negociaciones intensas. La reforma laboral no sólo implica cambios normativos en materia de contratación y relaciones laborales, sino que también funciona como una señal hacia el mercado y los actores económicos sobre la dirección del programa de gobierno.
