Personas con discapacidad protestan contra el ajuste, el gobierno responde con la policía

No es una postal aislada: es el reflejo de una política que pone el látigo donde debería haber cuidado, y la represión donde debería haber presencia del Estado. En vez de soluciones, Milei ofrece provocación. En vez de sensibilidad, motosierra. Y quienes más lo sufren no son “la casta”, sino quienes siempre han estado al margen: los más vulnerables, los más olvidados.

Con denuncias por recortes brutales en salud, educación y pensiones, organizaciones de personas con discapacidad se movilizaron en Plaza de Mayo. La respuesta del Gobierno: intimidación policial y más indiferencia.

En un país donde la motosierra del ajuste ya no es metáfora, sino realidad, las personas con discapacidad y quienes las acompañan en su cuidado decidieron levantar la voz. Lo hicieron en la Plaza de Mayo, epicentro de las demandas sociales históricas de Argentina. Pero en lugar de diálogo o sensibilidad, el Gobierno de Javier Milei les respondió con policías.

Fue la segunda concentración del año organizada por colectivos de personas con discapacidad, prestadores de salud, educadores y familiares que se ven directamente afectados por la brutalidad del ajuste implementado desde diciembre de 2023. Lejos de ser escuchados, los manifestantes denunciaron intimidación y presencia policial para aplicar el ya tristemente célebre “protocolo antipiquetes”.

Desde las organizaciones advirtieron sobre la desarticulación total de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el vaciamiento de políticas públicas, el freno en la entrega de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) —elemento clave para acceder a derechos y servicios—, y las trabas para obtener pensiones no contributivas, cuya suma apenas representa el 70% de una jubilación mínima.

Auditorías punitivas y desprecio institucional

Maive Carone Fernández, integrante de la asamblea Discas en Lucha, explicó que el Ejecutivo nacional ha lanzado una campaña de desprestigio y persecución contra la comunidad con discapacidad. “Esta gestión genera intriga, profundiza estigmas, y se ausenta cruelmente de sus obligaciones”, sentenció.

Denunció además que el nuevo sistema de auditorías es inviable, burocrático y diseñado para excluir, con notificaciones por carta documento, turnos difíciles de conseguir y citas presenciales en lugares inaccesibles. “La intención es clara: quitar pensiones y recortar derechos, no mejorar los procesos”, advirtió.

Una violencia simbólica y literal

A las trabas administrativas se suman las decisiones políticas. En enero, el Gobierno nacional intentó desregular los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, una medida que finalmente no se instrumentó gracias a la resistencia de los sectores afectados. Pero el mensaje fue claro: el cuidado ya no es prioridad, el ajuste sí.

El colmo fue la filtración de una resolución interna del Ejecutivo que, sin eufemismos, retomaba terminologías como “idiotas”, “débiles mentales” e “imbéciles” para referirse a personas con discapacidad. Tras el escándalo, hubo disculpas superficiales, pero ninguna corrección oficial del texto.

Las imágenes de la Plaza de Mayo dejaron al descubierto el contraste entre el reclamo legítimo y la respuesta estatal: personas en sillas de ruedas, adultos mayores, docentes y profesionales de la salud, rodeados por uniformados como si fueran una amenaza.