PAMI en crisis: denuncias de corrupción, amenazas a trabajadores

ATE impulsa protestas en todo el país por desvío de fondos, sobreprecios y amenazas de despido, mientras el Gobierno minimiza los hechos y defiende licitaciones polémicas.

La obra social más grande de América Latina, el PAMI, atraviesa una de sus peores crisis institucionales. Mientras más de cinco millones de jubilados padecen cortes en sus prestaciones, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denuncia un combo explosivo: desvío de fondos públicos, licencias otorgadas con sobreprecios, atrasos salariales y persecución sindical.

El conflicto ha escalado con fuerza en las últimas horas, luego de que el gremio lanzara un plan de lucha nacional, acompañado por protestas en todas las delegaciones del país.

El foco de las denuncias parte de una serie de irregularidades graves: según ATE, fondos que deberían destinarse al salario de los trabajadores y a la atención médica de jubilados habrían sido redireccionados para financiar actividades políticas de La Libertad Avanza, el espacio gobernante. Además, señalan graves anomalías en la reciente licitación exprés de pañales, que habría convalidado precios hasta un 20% más altos que los del convenio previo, por un total de 450 millones de dólares en tres años.

“No puede ser que se esté desviando la plata de los jubilados. La obra social tiene un presupuesto multimillonario y no podemos tolerar que más de cinco millones de beneficiarios estén sin prestaciones y que los trabajadores no tengan actualización salarial hace más de ocho meses”, reclamó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien además exigió una investigación sumarial interna y una presentación penal ante posibles delitos en la gestión de compras.

Amenazas y censura interna
La situación alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando ATE denunció que funcionarios del PAMI amenazaron con despidos, sanciones y sumarios a los trabajadores que decidieron sumarse a las protestas. Además, reportaron que se eliminaron comunicaciones internas relacionadas con la medida de fuerza, en un intento de silenciar la disidencia sindical.

Este tipo de prácticas no sólo vulnera derechos laborales y sindicales básicos, sino que expone un patrón de autoritarismo administrativo y falta de transparencia que compromete gravemente la legitimidad de la gestión del organismo, hoy a cargo de Esteban Leguizamo.

Respuesta oficial: ajustes y negaciones
Desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó relativizar el conflicto, al anunciar que el nuevo sistema de entrega de pañales implicará la eliminación de intermediarios y un ahorro de 5.000 millones de pesos anuales. No obstante, evitó referirse en detalle a la licitación en cuestión, limitándose a decir que “si hay algo más que decir, se dirá en la justicia”.

Sin embargo, la realidad es que el nuevo contrato validado por el PAMI implica pagar más caro por el mismo servicio, mientras que la entrega a domicilio, que beneficiaba especialmente a los afiliados con movilidad reducida, ha sido desactivada sin un plan alternativo claro.

Una olla a presión
El gremio exige una audiencia urgente con las autoridades del PAMI, así como la convocatoria inmediata a paritarias, dado que los salarios están congelados hace más de siete meses. Las movilizaciones podrían intensificarse si no hay respuestas concretas. “La Libertad Avanza se divierte mientras los trabajadores del PAMI son amenazados y los jubilados pierden derechos”, sentenció Aguiar.

El caso PAMI, más allá del conflicto gremial, pone en cuestión la viabilidad de la política de ajuste del gobierno nacional cuando choca con servicios esenciales como la salud pública. Entre la lógica del recorte y el peso de una gestión opaca, lo que está en juego no es solo una licitación o una protesta sindical, sino la dignidad de millones de jubilados y la sostenibilidad de una institución clave del sistema previsional argentino.

Si el Gobierno no ofrece respuestas inmediatas y transparentes, el costo político y social del conflicto promete seguir escalando.