Nuevas comunicaciones reavivan dudas sobre la causa Cuadernos y la posible manipulación de pruebas
Registros telefónicos incorporados a la causa revelaron al menos 343 comunicaciones entre el ex sargento de la Policía Federal Jorge Bacigalupo y el exdirector de Pericias de esa fuerza, José Antonio Daniel Portaluri, entre 2017 y 2023.
La investigación paralela que busca determinar si los cuadernos atribuidos al ex chofer Oscar Centeno fueron adulterados sumó un nuevo elemento que podría impactar directamente sobre uno de los expedientes judiciales más sensibles de los últimos años.
La secuencia de llamados, que se mantuvo de manera sostenida durante seis años, vuelve a poner bajo análisis el recorrido de las pruebas que dieron origen a la llamada “causa Cuadernos”, una investigación que modificó el mapa político y judicial argentino a partir de denuncias de corrupción durante el kirchnerismo.
Según consta en el expediente, las comunicaciones ocurrieron en momentos clave de la investigación: desde la entrega de los cuadernos al periodista Diego Cabot hasta las detenciones masivas ordenadas en 2018, pasando por distintas etapas procesales y el posterior avance de la causa que indaga sobre posibles alteraciones en los anotadores originales.
A esos contactos se agregan otras 84 comunicaciones entre Bacigalupo y Centeno, un dato que distintas defensas consideran relevante para reconstruir cómo circularon los cuadernos y qué intervenciones pudieron haberse realizado sobre ellos antes de convertirse en prueba judicial central.
Bacigalupo se encuentra acusado de haber manipulado los cuadernos luego de que peritajes oficiales detectaran agregados, tachaduras y modificaciones en la escritura. Durante su declaración testimonial en el juicio oral reconoció haber trabajado bajo las órdenes de Portaluri en la Dirección de Pericias de la Policía Federal, aunque buscó relativizar el vínculo actual con el ex comisario.
Sin embargo, los nuevos registros telefónicos contradicen parcialmente esa versión y exponen una relación de contacto frecuente y sostenido. El promedio de las comunicaciones —cercano a un intercambio semanal durante años— alimenta interrogantes sobre el rol de distintos actores vinculados al manejo y preservación de la prueba.
La causa por presunta adulteración se inició en 2022 a partir de una denuncia presentada por el empresario Armando Loson. Posteriormente, un informe pericial oficial concluyó que los cuadernos contenían alteraciones atribuidas a Bacigalupo. A raíz de ello, el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó en dos oportunidades por presunto encubrimiento agravado y falsificación de documento público, aunque ambas resoluciones fueron luego revisadas por la Cámara Federal.
El avance de esta línea de investigación vuelve a instalar cuestionamientos sobre la cadena de custodia y la integridad de una prueba que resultó determinante para el desarrollo de múltiples procesamientos y causas derivadas. En términos políticos y judiciales, el expediente amenaza con abrir una discusión incómoda sobre la solidez de uno de los casos emblemáticos de corrupción de la última década y sobre los mecanismos con los que se construyeron parte de las acusaciones.
