“No hay plata”: el Gobierno justificó el veto a los aumentos a jubilados y emergencia en discapacidad
La Casa Rosada presentó la decisión como un acto de responsabilidad fiscal, pero el trasfondo revela un posicionamiento político más profundo: la subordinación de cualquier política social al objetivo de déficit cero.
Con una frase que ya se convirtió en mantra oficial —“No hay plata”—, el Gobierno justificó el veto del presidente Javier Milei a tres leyes aprobadas por el Congreso que contemplaban una mejora en los haberes jubilatorios, la restitución de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.
En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, se acusó al Congreso de actuar “de manera irresponsable” al sancionar iniciativas sin determinar el origen de los fondos y se advirtió que su aprobación habría implicado un gasto adicional de $7 billones en 2025 y $17 billones en 2026, equivalente al 0,9% y 1,68% del PBI respectivamente.
La narrativa oficial: campaña, casta y equilibrio fiscal
El texto oficial no solo apunta al aspecto técnico del financiamiento. Milei va más allá: acusa a la “clase política” de impulsar las leyes con fines electorales y de querer “provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico” para debilitar la gestión libertaria. Bajo esta lógica, el Presidente se muestra como el garante del ajuste frente a una casta que, según su discurso, busca reinstalar “las mismas recetas de siempre” que llevaron al país a la inflación y la pobreza.
El comunicado remata con un mensaje ideológico: “No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad”. Una definición que busca construir épica en torno al sacrificio social, aun cuando ese sacrificio recae sobre jubilados, personas con discapacidad y adultos mayores sin aportes completos, los sectores más vulnerables del sistema.
El costo social del equilibrio fiscal
El argumento del déficit cero aparece como una verdad incuestionable para el Gobierno, pero la pregunta inevitable es: ¿puede un ajuste severo sostenerse sin profundizar la exclusión? La inflación efectivamente retrocede, pero la contracara es un deterioro acelerado en ingresos, consumo y empleo.
En ese contexto, el veto no solo implica la negación de un alivio económico para quienes están por debajo de la línea de pobreza, sino que desnuda la ausencia de una estrategia integral para contener el impacto social del plan de shock.
La narrativa oficial plantea que ceder ante estas leyes sería “volver a la miseria”, pero la paradoja es evidente: mientras se promete un futuro de prosperidad, el presente muestra cifras alarmantes en jubilaciones que pierden contra la inflación, moratorias que desaparecen y personas con discapacidad que ven postergada la asistencia estatal.
¿Qué viene ahora?
El oficialismo apuesta a que parte del arco político respalde el veto en el Congreso. Sin embargo, la tensión crece: la oposición busca capitalizar el costo social del ajuste y se prepara para insistir con proyectos que obliguen al Ejecutivo a revisar su estrategia. Si el dogma del déficit cero se mantiene como línea roja, la confrontación con el Parlamento —y con la sociedad— será inevitable.
En definitiva, el “no hay plata” funciona como consigna política, pero no responde la pregunta esencial: ¿hasta dónde puede estirarse el ajuste sin quebrar el tejido social y el consenso democrático?
