La oposición contra Milei tras el veto a jubilados y discapacidad: denuncias de “crueldad” y advertencias de ruptura institucional
Desde el peronismo hasta la izquierda, la oposición coincidió en calificar la decisión de Javier Milei como un “acto cruel”, orientado a sostener el ajuste a cualquier costo. Pero el impacto trasciende lo económico: abre un frente institucional que promete tensiones en el Congreso y en la calle.
El veto presidencial que bloqueó los aumentos a jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad desató un vendaval político.
El comunicado oficial justificó la medida bajo el dogma del déficit cero: “No hay plata”. Para Milei, los proyectos aprobados en el Congreso eran un “acto irresponsable” que amenazaba el equilibrio fiscal. Pero la oposición replicó con un argumento demoledor: hay recursos para los especuladores y para la inteligencia estatal, no para los jubilados ni para las personas con discapacidad.
Martín Soria fue categórico: “Milei vetó el aumento a jubilados y la emergencia en discapacidad con la excusa del superávit. Lo dije desde el día uno: el ajuste de la motosierra es para pagar la timba de Caputo y Sturzenegger”.
Victoria Tolosa Paz fue más allá: definió al modelo como “ajuste, entrega y represión” y denunció: “Otra vez el presidente ataca a los que más están sufriendo su modelo. Es mentira que no hay plata”.
Fractura interna y silencios incómodos
La polémica incluso rozó a La Libertad Avanza. Rocío Bonacci, diputada oficialista, admitió que el veto le genera “incomodidad”, especialmente en lo referido a discapacidad, aunque prometió “acompañar por lealtad”. Esa declaración expone el dilema que enfrentan algunos libertarios: sostener el relato del sacrificio mientras crece el costo político de medidas impopulares.
El debate escaló cuando Mayra Mendoza vinculó el ajuste con el fortalecimiento de la SIDE. “Este gobierno usa los fondos de la inteligencia para espiar a la oposición, mientras niega derechos a jubilados”, denunció, citando un artículo de Hugo Alconada Mon que revela informes sobre dirigentes, sindicatos y organizaciones sociales. Si se confirma, el caso podría convertirse en un escándalo institucional.
“El gobierno tiene asignados 80 mil millones para la SIDE, mientras millones de argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes”, remarcó Mendoza. El contraste entre recortes sociales y expansión de gastos reservados se instala como símbolo de un modelo que prioriza control y poder antes que protección social.
La calle y las urnas como escenarios decisivos
Anabel Fernández Sagasti convocó a “frenar” a Milei en las urnas, anticipando que el veto será bandera electoral en las legislativas. Alejandro Vilca, del FIT, sintetizó la lectura crítica: “La casta festeja, el FMI también, el pueblo paga los platos rotos”.
El veto no solo deja sin respuesta a los sectores más vulnerables: refuerza la narrativa de un gobierno que exhibe la austeridad como virtud, mientras alimenta sospechas de espionaje y privilegios para los poderosos. El Congreso será la primera arena de batalla, pero la disputa real se librará en el terreno político y social: ¿cuánto más puede tensarse el ajuste antes de quebrar la gobernabilidad?
