Milei presiona por la aprobación de la mina San Jorge en Mendoza: nuevo foco de conflicto ambiental
A través de sus redes sociales, el mandatario celebró la posible inversión de US$600 millones y la producción proyectada de 40.000 toneladas anuales de concentrado de cobre, presentándolo como un hito para reactivar la minería en la provincia luego de dos décadas de estancamiento.

El presidente Javier Milei volvió a intervenir directamente en debates provinciales al exigir la aprobación legislativa del proyecto minero San Jorge, al que calificó como una “enorme oportunidad” para Mendoza.
Sin embargo, su pronunciamiento —una vez más cargado de críticas al kirchnerismo por no acompañar el proyecto— profundiza la tensión política y social alrededor de una iniciativa históricamente resistida por amplios sectores mendocinos.
Si bien Milei enmarca el desarrollo minero dentro de los “vectores estratégicos” para el crecimiento del país, su discurso omite mencionar los cuestionamientos ambientales y comunitarios que han frenado repetidamente este tipo de emprendimientos en la región, especialmente en una provincia cuya matriz económica e identidad están fuertemente ligadas al agua y a la industria vitivinícola.
La insistencia presidencial en presentar a Mendoza como “altamente competitiva” y lista para sumarse al mapa minero nacional contrasta con las advertencias de especialistas y organizaciones locales, que recuerdan los antecedentes de conflictos ambientales recientes y la fragilidad hídrica del territorio. La reciente historia provincial muestra que la habilitación de proyectos de este tipo suele provocar fuertes movilizaciones y tensiones institucionales.
Milei sostiene que el proyecto San Jorge es una oportunidad histórica y lo vincula incluso con el espíritu del “Pacto de Mayo”, aunque el énfasis en la desregulación y en la atracción de inversiones no parece considerar la necesidad de generar consensos locales sólidos ni de garantizar estándares socioambientales que permitan evitar futuros episodios de conflictividad.
Más que un debate exclusivamente económico, la discusión por San Jorge vuelve a exponer la fractura entre una visión nacional centrada en la minería como motor de crecimiento y una realidad provincial donde la protección del agua y del territorio continúa siendo un límite político difícil de ignorar.
Mientras la Legislatura mendocina se prepara para votar, la presión presidencial instala un interrogante mayor: ¿puede haber desarrollo sostenible sin legitimidad social?
