Monteoliva respaldó al policía de civil que disparó en el Congreso y minimizó el arma utilizada

Lejos de anunciar una investigación o brindar precisiones sobre el procedimiento, la funcionaria redujo el episodio a una interpretación personal de una fotografía: “Por la foto que vi, es una escopeta de estruendo, un arma de ruido”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, salió a respaldar al comisario inspector Gustavo Gauna tras la difusión de imágenes que lo muestran apuntando con un arma larga hacia manifestantes durante la represión frente al Congreso.

La defensa oficial dejó abiertos los principales interrogantes del caso: qué arma portaba el efectivo, bajo qué protocolo actuó y por qué participaba del operativo vestido de civil y sin identificación visible.

Gauna, jefe de la división de Lucha contra Organizaciones Criminales, fue fotografiado durante la protesta contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con un arma larga orientada hacia los manifestantes. Las imágenes motivaron denuncias y pedidos de explicaciones sobre la legalidad de su intervención en un operativo de control de manifestaciones.

Monteoliva insistió en minimizar el hecho. “¿Qué sale de un perdigón de estruendo? Ruido, es de estruendo”, sostuvo durante una visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba. Sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que el arma observada sería compatible con munición de plomo, cuyo uso está prohibido en este tipo de operativos.

Una explicación oficial con más dudas que certezas

Consultada sobre la ausencia de identificación policial, la ministra respondió que “es probable” que el comisario hubiera llevado la placa colgada. También señaló que el personal de investigaciones suele actuar de civil y portar una campera con insignias de la fuerza.

No obstante, las imágenes difundidas públicamente no muestran ninguna identificación visible, lo que alimentó las críticas sobre la transparencia del operativo y el cumplimiento de las normas que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.

En lugar de profundizar sobre la conducta del comisario denunciado, Monteoliva desplazó el foco hacia los participantes de la protesta. “Que expliquen los que van con maza, los que llevan un martillo”, afirmó, al sostener que quienes portaban esos elementos debían justificar su presencia en una manifestación que calificó como pacífica.

La funcionaria también responsabilizó a los manifestantes por los episodios de violencia registrados en las movilizaciones de los miércoles frente al Congreso y aseguró que existen efectivos con lesiones graves. Según sus declaraciones, más de doscientos agentes habrían quedado fuera de servicio por heridas sufridas en esos operativos.

El debate de fondo: control democrático y uso de la fuerza

El episodio vuelve a poner en discusión los límites del uso de la fuerza estatal y los mecanismos de control sobre las fuerzas de seguridad. La defensa preventiva de un efectivo denunciado, basada en una apreciación visual y sin información técnica oficial, expone una estrategia política orientada a respaldar el accionar policial antes de esclarecer los hechos.

En un contexto de creciente conflictividad social, la controversia no se reduce al tipo de arma utilizada. Lo que está en debate es la legitimidad de operativos con agentes de civil, sin identificación visible y con escasa rendición de cuentas pública, una combinación que organizaciones de derechos humanos consideran incompatible con estándares básicos de actuación democrática.