Más de 1,2 millones de argentinos quedaron fuera del sistema privado de salud durante el gobierno de Milei
La magnitud de la caída refleja un fenómeno que va más allá de una simple reorganización administrativa: se trata de una expulsión sostenida de usuarios del sistema de cobertura formal, en un contexto marcado por el aumento de las cuotas de medicina prepaga, la pérdida de poder adquisitivo y la creciente precarización laboral.
El deterioro del acceso a la salud volvió a quedar expuesto en los registros oficiales. Un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG), a partir de estadísticas de la Superintendencia de Servicios de Salud, muestra que desde la asunción de Javier Milei 1.246.285 personas dejaron de tener cobertura médica privada, mientras que las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 afiliados.
El relevamiento detalla fuertes retrocesos en algunas de las principales entidades del país. OSECAC, vinculada a los empleados de Comercio, registró una caída del 20,2% de sus beneficiarios desde noviembre de 2023. La siguió OSPRERA, de los trabajadores rurales, con una reducción del 15,9%, mientras que OSPCN, que nuclea a empleados estatales, perdió 19,1% de sus afiliados.
El único caso que mostró crecimiento fue OSDEPYM, la obra social de monotributistas, que logró ampliar su base de trabajadores adheridos. Sin embargo, ese avance aparece como una excepción dentro de un escenario general de retracción.
Más personas dependen del sistema público
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares refuerzan la tendencia. En el cuarto trimestre de 2023, unas 9.428.131 personas no tenían prepaga, obra social ni mutual. Para el primer trimestre de 2026, la cifra ascendió a 10.674.416, lo que implica más de 1,2 millones de personas adicionales sin cobertura formal.
El impacto es especialmente severo entre los jóvenes. Casi la mitad de la población de 15 a 29 años (49,9%) carece de obra social, prepaga o mutual y depende exclusivamente de hospitales y centros de salud públicos. En términos absolutos, son 438.790 jóvenes más en esa situación respecto de fines de 2023.
Un sistema bajo presión
El informe pone en evidencia una contradicción central de la política sanitaria actual: mientras el Gobierno sostiene un discurso de eficiencia y desregulación, el sistema público absorbe cada vez más demanda sin que exista una expansión proporcional de recursos.
La pérdida simultánea de afiliados en prepagas y obras sociales no sólo expone las dificultades económicas de millones de familias, sino que también anticipa una mayor presión sobre hospitales públicos ya tensionados por la inflación, los recortes presupuestarios y la caída del empleo registrado.
En ese contexto, la salud dejó de ser únicamente un debate sobre administración de prestaciones para convertirse en un indicador directo del deterioro social y económico que atraviesa la Argentina desde el cambio de gobierno.
