Lula aprueba medidas para garantizar subsidios a mujeres víctimas de violencia machista en Brasil
Con estas acciones, Brasil refuerza su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia machista, asegurando apoyo económico y protección legal para quienes enfrentan esta situación.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la implementación de nuevas medidas que facilitan el acceso a subsidios para mujeres víctimas de violencia de género en el país.
La iniciativa busca proteger a las mujeres que deban ausentarse de sus empleos por causa de violencia machista, permitiéndoles recibir un apoyo económico de hasta seis meses sin necesidad de presentar revisiones médicas, sino solo con una resolución judicial.
Durante una ceremonia en el Palacio de Planalto en Brasilia, Lula firmó una resolución vinculada a la Ley Maria da Penha, eliminando el requisito de peritaje médico que retrasaba o impedía el acceso a estos beneficios. La medida surge tras la decisión de la Corte Suprema de Brasil de reconocer el derecho de las mujeres afectadas a una compensación económica durante su baja laboral por violencia de género.
El subsidio será cubierto inicialmente por el empleador durante los primeros 15 días y posteriormente por el Instituto Nacional del Seguro Social (INSS). En casos de trabajadoras autónomas o sin vínculo laboral formal, el pago será asumido directamente por el Estado, previa orden judicial. No será necesario cumplir un período mínimo de cotización, y el beneficio contará como tiempo de contribución para la jubilación, además de no tener descuentos por aportes.
El abogado general del Estado, Jorge Messias, destacó que estas medidas buscan eliminar las barreras económicas que impiden a muchas mujeres denunciar la violencia que sufren, asegurando que «ninguna mujer más tendrá que elegir entre su seguridad y su sustento económico».
La resolución también establece procedimientos prioritarios y confidenciales para la administración de estos beneficios, y el INSS tendrá 15 días para reglamentar su implementación, garantizando atención preferente y reservada a las víctimas. Además, el organismo podrá solicitar el reembolso de los pagos realizados a los agresores mediante acciones judiciales.
