“El agua no se negocia”: Mendoza se moviliza masivamente contra el proyecto minero respaldado por Milei
Más allá del resultado legislativo, la movilización evidencia que el debate sobre el equilibrio entre inversión económica y protección ambiental seguirá siendo un eje central en Mendoza y en otras provincias mineras del país.
Una multitudinaria movilización recorre Mendoza bajo la consigna “El agua de Mendoza no se negocia”, en rechazo al proyecto minero San Jorge, recientemente respaldado por el presidente Javier Milei, según consignó la agencia NA.
La caravana, organizada por la Asamblea por el Agua de Uspallata y denominada “Gesta Libertadora por el Agua”, comenzó este lunes en la Plaza del Agua Pura y avanzará durante dos días hacia la capital provincial, donde la Legislatura debatirá la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro.
La movilización refleja no solo la preocupación por la posible contaminación y el uso intensivo de agua en una región ambientalmente frágil, sino también un resurgimiento del activismo ambiental mendocino que había alcanzado su pico durante las protestas por la Ley 7722 en 2019.
Con un recorrido de más de 100 kilómetros por las rutas 7 y 82, la caravana se articula con puestos de apoyo cada siete u ocho kilómetros, permitiendo que más vecinos se sumen a pie, en bicicleta o en vehículo. Además, se han adherido asambleas de Lavalle, Valle de Uco y el Este de Mendoza, consolidando una protesta provincial unificada.
El trasfondo de esta movilización plantea una tensión política y ambiental: por un lado, el gobierno nacional promueve la inversión minera como motor de crecimiento, posicionando a Mendoza como provincia “altamente competitiva” en minería; por otro, la sociedad civil advierte sobre riesgos hídricos, impacto ecológico y precedentes de conflictos socioambientales.
La simultaneidad entre la llegada de la caravana y el inicio del debate legislativo agrega presión directa sobre los senadores, obligando a un escrutinio más profundo del proyecto antes de su eventual aprobación.
La protesta también puede leerse como un test de la capacidad de participación ciudadana frente a políticas de desarrollo extractivo en Argentina, donde la minería y la gestión del agua históricamente han generado conflictos.
