Milei judicializa las críticas: una peligrosa señal contra la libertad de prensa

En un país donde la prensa ha sido históricamente uno de los pilares del sistema democrático, este tipo de episodios no puede naturalizarse. Judicializar la crítica es propio de regímenes autoritarios, no de una república que se precie de serlo.

En una preocupante escalada contra la libertad de expresión, el presidente Javier Milei denunció penalmente este viernes a los periodistas Viviana Canosa, Ariel Lijalad y Carlos Pagni por los delitos de calumnias e injurias.

Las denuncias, radicadas en los Tribunales de Comodoro Py, quedaron en manos de los juzgados federales N.º 2, 3 y 6. El abogado patrocinante del mandatario es Francisco Oneto, dirigente libertario y excandidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza.

El hecho marca un nuevo capítulo en la tensa relación del presidente con la prensa. Durante una entrevista en el canal de streaming libertario, Milei ya había adelantado su intención de judicializar las críticas. «Ayer firmé tres denuncias a distintos periodistas por mentiras. Una es por tratarme de nazi», dijo, en referencia a expresiones que, según él, banalizan el Holocausto.

La denuncia contra Carlos Pagni, uno de los analistas políticos más influyentes del país, se centra en una interpretación de una columna publicada en La Nación bajo el título “La Argentina, una torre de Babel”. Según la presentación judicial, el periodista habría comparado el ascenso de Milei al poder con el de Adolf Hitler, lo que el presidente considera una afrenta directa a su honor.

A Viviana Canosa se le imputa haberlo calificado de «autoritario» y «déspota», mientras que a Ariel Lijalad, periodista de El Destape, se lo acusa de establecer paralelismos entre su figura y la del dictador nazi en una nota publicada en un portal web.

Más allá del contenido específico de las denuncias, el gesto de un jefe de Estado llevando a periodistas a los tribunales por opiniones o análisis políticos enciende todas las alarmas. La utilización del aparato judicial para perseguir expresiones críticas —por más duras o incómodas que resulten— supone una forma de intimidación que atenta contra los principios democráticos básicos.

Este tipo de acciones genera un efecto disciplinador en el periodismo: instala el miedo a las consecuencias legales como barrera al ejercicio libre del oficio. En lugar de refutar declaraciones con argumentos, el gobierno elige el camino de la judicialización, lo que constituye un retroceso en materia de libertad de prensa y tolerancia institucional.

No es la primera vez que el presidente protagoniza cruces con comunicadores. Desde su asunción, Milei ha usado sus redes sociales y micrófonos afines para deslegitimar a medios y periodistas que cuestionan su gestión. La novedad ahora es que ese ataque simbólico se convierte en una avanzada concreta por vía judicial.

Un precedente riesgoso

Desde el punto de vista jurídico, las denuncias del presidente carecen de sustento penal firme y podrían ser rápidamente desestimadas por los jueces, en función de la jurisprudencia constitucional y supranacional vigente. Sin embargo, su sola presentación marca un precedente peligroso: el intento de usar el aparato judicial como medio para disuadir o castigar la crítica política, un rasgo típico de regímenes autoritarios.

El derecho al honor debe protegerse, sí, pero nunca por encima del derecho a la libre expresión en democracia, especialmente cuando el denunciante es el máximo responsable institucional del país.