Milei flexibiliza controles aduaneros tras presiones de EE.UU.: ¿Apertura o cesión de soberanía?

La decisión del gobierno de Milei de eliminar controles aduaneros a pedido de Washington marca un punto de inflexión en la relación entre apertura económica y soberanía regulatoria. Mientras el discurso oficial insiste en la “libertad de comercio”, lo cierto es que esta libertad parece condicionada por agendas externas. El riesgo, a mediano plazo, es terminar consolidando un modelo en el que la Argentina flexibiliza normas y entrega márgenes de control sin garantías de reciprocidad ni protección para su tejido productivo.

En una jugada que refuerza su alineamiento internacional pero reabre el debate sobre la autonomía en decisiones económicas, el gobierno de Javier Milei eliminó 23 resoluciones que regulaban las inspecciones aduaneras de productos importados, en respuesta directa a los reclamos del gobierno estadounidense.

La medida —formalizada a través de la Resolución General 5693/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial— fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y celebrada por funcionarios libertarios como un avance hacia la «desburocratización».

Pero detrás del discurso de eficiencia y simplificación, se esconde una realidad más compleja: la decisión surge tras un pedido explícito de Washington, que exige cambios estructurales en el sistema comercial argentino como condición para discutir la reducción del arancel del 10% que Estados Unidos impuso recientemente a productos nacionales. La flexibilización fue interpretada como una muestra de buena voluntad de Buenos Aires en un contexto de negociaciones bilaterales cada vez más asimétricas.

El desmantelamiento de un mecanismo de control
Las resoluciones derogadas, en su mayoría dictadas a fines de los años noventa, exigían la intervención de cámaras y asociaciones sectoriales durante las inspecciones físicas de mercaderías bajo el canal rojo del sistema aduanero. Si bien el Gobierno argumenta que estas normativas generaban “redundancias” y costos innecesarios, también es cierto que ofrecían un control adicional desde el sector privado sobre operaciones sensibles de comercio exterior.

La eliminación de este sistema no es solo una reforma técnica. Supone despojar a las inspecciones aduaneras de un actor clave en la transparencia del proceso: los propios actores comerciales locales. En otras palabras, se desarma un mecanismo —aunque imperfecto— de monitoreo colectivo, bajo el pretexto de ganar agilidad.

Estados Unidos como catalizador de políticas internas
El punto más polémico de la medida es su motivación. La simplificación no nace de una evaluación interna de eficiencia, sino del informe anual de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), que desde hace años señala al sistema aduanero argentino como una barrera para el libre comercio. La Casa Blanca pide menos controles, reglas más claras y condiciones equitativas para sus exportadores.

Lejos de marcar un rumbo soberano en la reforma del comercio exterior, el gobierno libertario decidió plegarse al reclamo extranjero, con la expectativa de que ello destrabe negociaciones arancelarias. La premisa de Milei de «abrirse al mundo» se materializa, así, bajo los términos impuestos por la principal potencia global.

¿Un guiño al libre mercado o una concesión sin reciprocidad?
Desde el oficialismo, la decisión fue celebrada como parte del “Pacto de Mayo”, una agenda de reformas estructurales que Milei busca consolidar como legado político. El ministro Federico Sturzenegger fue aún más lejos, al calificar el esquema anterior como “el modelo de la casta”, en una narrativa que desprecia cualquier mecanismo institucional heredado, aunque haya sido funcional al control público.

Sin embargo, la pregunta que persiste es: ¿cuál es el beneficio concreto que obtiene Argentina a cambio de esta concesión? Hasta ahora, Estados Unidos no ha garantizado la reducción de aranceles ni mejoras sustanciales en el acceso a su mercado, mientras mantiene reclamos en otras áreas sensibles como propiedad intelectual, regulación audiovisual y servicios financieros.

En ese marco, la medida puede entenderse más como una señal de alineamiento político-ideológico que como una política económica basada en un análisis de costos y beneficios para el país.