Chubut se planta en Nueva York para defender sus acciones en YPF

La decisión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres marca un punto de inflexión en el conflicto por la propiedad accionaria de la petrolera, al introducir una disputa federal dentro de un juicio que hasta ahora se centraba en la responsabilidad del Estado nacional.

La provincia de Chubut se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para exigir el levantamiento del embargo sobre las acciones de YPF que le pertenecen, en medio del litigio internacional que enfrenta la Argentina tras el fallo de la jueza Loretta Preska.

El núcleo del reclamo chubutense es claro: la provincia no fue parte del juicio por la expropiación de YPF en 2012 y, por lo tanto, no puede ser alcanzada por un embargo que afecta acciones que, aseguran, no son propiedad del Estado nacional, sino del Estado provincial. “Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia”, enfatizó Torres desde Comodoro Rivadavia, en un gesto político que articula el federalismo petrolero con una narrativa de defensa patrimonial.

La presentación judicial que hará Chubut apunta directamente a la decisión de Preska, quien, al ordenar al Estado argentino transferir el 51% del capital accionario de YPF a los fondos Burford y Eton Park, dejó embargado el paquete completo sin discriminar entre el capital nacional y el que fue distribuido entre las provincias. Para Chubut, esto configura un error de origen: las provincias que integran la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) recibieron en 2012 el 49% del capital accionario que se expropió, en proporción a su producción, y por tanto ese porcentaje no puede ser considerado parte del activo embargable.

Más allá de la disputa legal, la ofensiva de Chubut también expone las debilidades políticas e institucionales del proceso de expropiación que llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador denunció que el acuerdo por el cual se asignaron acciones a las provincias “nunca fue mandado a la Legislatura para ser aprobado”, y calificó como “desprolija” y “desventajosa” la negociación original: mientras Mendoza recibió el 20%, Chubut —siendo la principal productora de petróleo del país— recibió solo el 8%.

Esta diferencia no solo abre un debate sobre el criterio distributivo, sino también sobre el marco legal que sostiene la propiedad provincial de esas acciones. La ausencia de ratificación legislativa en algunas jurisdicciones podría ser utilizada por los fondos demandantes para debilitar los argumentos federales. Sin embargo, el vicegobernador Gustavo Menna insistió en que la ley de expropiación fue clara al ceder el 49% a las provincias, y advirtió que Chubut no puede ser “embargada sin ser parte ni deudora en el juicio”.

La diputada nacional Ana Clara Romero anticipó que se realizarán presentaciones tanto en el Congreso como en la justicia estadounidense. Con esto, el reclamo chubutense no solo se convierte en una acción judicial, sino también en una estrategia política de visibilización interna y externa del conflicto.

La disputa revela, en el fondo, la fragilidad jurídica y la opacidad administrativa de uno de los actos más emblemáticos de intervención estatal en la última década. A más de una década de la expropiación de YPF, las provincias productoras aún luchan por afianzar su rol como accionistas, en un tablero donde los errores del pasado y la voracidad de los fondos buitre siguen condicionando el presente.

El caso de Chubut puede marcar un precedente en la defensa de los activos provinciales frente a sentencias extranjeras, pero también pone en evidencia una deuda institucional que aún no ha sido saldada: la necesidad de consolidar, en términos legales y federales, la propiedad compartida de los recursos estratégicos del país.