Milei afianza su estrategia de veto y confronta con el Congreso: el ajuste fiscal, por encima de los derechos sociales

En una nueva escalada del enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, el Gobierno de Javier Milei confirmó que vetará las leyes recientemente aprobadas por el Senado, entre ellas el aumento en las jubilaciones mínimas, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia para personas con discapacidad.

La decisión fue ratificada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien además anticipó que el Ejecutivo judicializará la sesión en la que se votaron las normas, denunciando presuntas irregularidades en su convocatoria.

Lejos de mostrarse dispuesto al diálogo o a consensuar políticas que garanticen derechos básicos a sectores vulnerables, el oficialismo redobló su apuesta por una política económica centrada en el ajuste. “No se puede hacer magia con los números”, afirmó Francos, en una declaración que sintetiza la lógica del modelo libertario: el equilibrio fiscal se convierte en un dogma, incluso a costa de la protección social.

La ofensiva del Gobierno se apoya en una lectura fiscalista que ignora el drama humano detrás de las leyes vetadas. No se trata solamente de números, sino de decisiones que impactan directamente en los ingresos de millones de jubilados, en la posibilidad de acceso a una pensión para quienes no completaron sus aportes y en la asistencia a personas con discapacidad que hoy se ven postergadas. Al tildar estos programas de «gasto», el Ejecutivo revela una mirada técnica, insensible y anclada en el desprecio por lo público.

El argumento electoralista tampoco pasó desapercibido. Francos sugirió que los proyectos fueron impulsados por la oposición como parte de una estrategia para capitalizar políticamente el malestar social en un año electoral. La acusación, sin embargo, omite que las leyes contaron con respaldo mayoritario en ambas cámaras y reflejan demandas instaladas en amplios sectores de la sociedad. Deslegitimar esas iniciativas como “juegos de campaña” puede ser funcional al discurso oficialista, pero no alcanza para ocultar la desconexión creciente entre el Gobierno y la realidad social.

El Presidente, por su parte, profundizó el tono confrontativo: no solo reiteró su intención de vetar cada una de las leyes “que rompan el equilibrio fiscal”, sino que dejó en claro que, si el Congreso insiste en su promulgación, irá a la Justicia. La amenaza no es solo institucional: configura una advertencia a todo el sistema político. Si el Parlamento aprueba una ley que incomoda al Ejecutivo, este no duda en rechazarla por decreto y judicializarla. Se consolida así un modelo de presidencialismo extremo, que ve en el veto una herramienta no de excepción, sino de gobierno cotidiano.

Con este nuevo anuncio, Milei suma al menos cinco vetos en poco más de medio año de gestión. Además del rechazo al último paquete de medidas sociales, ya había vetado la nueva fórmula jubilatoria —que proponía un refuerzo ante la inflación de enero— y la ley de financiamiento universitario, sancionada tras las masivas protestas estudiantiles de abril. Todos los vetos tienen una misma lógica: impedir cualquier modificación del plan de ajuste, incluso cuando el costo social sea alarmante.

En este escenario, el Congreso queda cada vez más relegado a un rol testimonial, con un Ejecutivo que no solo impone su programa sin concesiones, sino que busca deslegitimar toda iniciativa que lo contradiga. La “cultura del veto” que Milei defiende con orgullo refleja una profunda incomodidad con la democracia deliberativa, en la que el conflicto y el acuerdo son parte del juego institucional. Lo que está en disputa no es solo el superávit, sino el tipo de democracia que se pretende construir.