La UCR endureció su postura contra la reforma de la Ley de Tierras y acusó al Gobierno de avanzar sobre la soberanía nacional
El debate excede la cuestión de la propiedad privada y vuelve a instalar una discusión histórica: hasta dónde puede avanzar la liberalización económica sin comprometer el control sobre el territorio y los bienes considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
La discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras sumó un nuevo capítulo político luego de que la Unión Cívica Radical (UCR) expresara un contundente rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
A través de un comunicado de su Comité Nacional, el partido advirtió que la iniciativa no constituye una simple modificación normativa, sino un cambio de paradigma que, a su entender, debilita los mecanismos de protección sobre el territorio nacional y abre la puerta a una mayor extranjerización de tierras consideradas estratégicas.
Para el radicalismo, la propuesta oficial elimina límites que fueron concebidos para resguardar recursos naturales, zonas de frontera y áreas de interés nacional. En ese sentido, sostuvo que flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras por parte de ciudadanos o empresas extranjeras implica ceder herramientas de control del Estado sobre activos vinculados a la soberanía territorial.
El proyecto forma parte de la denominada ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», cuyo tratamiento quedó postergado en el Senado por falta de consenso político. Sin embargo, el debate permanece abierto y los votos de la bancada radical, integrada por diez senadores, aparecen como determinantes para el futuro de la iniciativa.
En su pronunciamiento, la conducción partidaria sostuvo que el Estado debe promover inversiones y desarrollo productivo, pero sin resignar la capacidad de proteger los recursos estratégicos del país. Bajo esa premisa, reivindicó la vigencia de la actual Ley de Tierras, recordando que establece un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, restringe la concentración por nacionalidad y fija topes para la adquisición de grandes extensiones en las zonas más productivas del país.
Asimismo, la legislación vigente prohíbe que ciudadanos extranjeros adquieran inmuebles rurales ubicados sobre cursos de agua, lagos o áreas fronterizas, restricciones que, según la UCR, constituyen herramientas esenciales para preservar el control nacional sobre espacios considerados sensibles desde el punto de vista geopolítico.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación dentro del radicalismo es que la iniciativa oficial delega en cada provincia la definición de los criterios para autorizar la compra de tierras por parte de extranjeros. Para el partido, esa descentralización podría derivar en una desregulación desigual y facilitar operaciones inmobiliarias sobre recursos naturales estratégicos, debilitando un esquema nacional de protección construido durante más de una década.
El comunicado también recuerda que la propia UCR impulsó el debate sobre la Ley de Tierras como instrumento para compatibilizar el ingreso de inversiones con la defensa del interés nacional. Desde esa perspectiva, remarcan que el país no necesita eliminar controles, sino garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente, especialmente cuando existen regiones donde los límites legales de propiedad extranjera ya habrían sido superados.
A la controversia por la extranjerización de tierras se suma el rechazo a las modificaciones que el Gobierno propone para la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa busca eliminar las restricciones que impiden modificar el uso del suelo durante largos períodos después de un incendio, una decisión que para diversos sectores podría facilitar futuros emprendimientos inmobiliarios o productivos sobre áreas afectadas por el fuego.
Como parte de su argumentación, la UCR destacó que países como Estados Unidos, Canadá y Francia mantienen regulaciones estrictas respecto de la adquisición de tierras por parte de extranjeros, lo que, a su juicio, demuestra que proteger recursos estratégicos no constituye una política aislada, sino una práctica habitual en los Estados que consideran la soberanía territorial un asunto de interés nacional.
Más allá de las diferencias internas que existen dentro del bloque radical en el Senado, el pronunciamiento del Comité Nacional introduce un fuerte componente político en la discusión. El documento plantea una crítica de fondo al rumbo del Gobierno al sostener que la apertura irrestricta del mercado de tierras puede traducirse en una pérdida de capacidad del Estado para administrar recursos estratégicos.
