Grecia frena un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, las tensiones internas de la UE por el gas ruso

La estrategia de la Unión Europea para endurecer las sanciones económicas contra Rusia volvió a quedar en suspenso tras la decisión de Grecia de bloquear el avance de un nuevo paquete de medidas. El Gobierno griego exige modificar la prohibición sobre el transporte marítimo de gas natural licuado (GNL) ruso, una postura que puso en evidencia las diferencias entre los Estados miembros respecto del costo económico que implica reducir los vínculos con Moscú.

En el centro de la disputa se encuentra el veto que la UE aprobó el año pasado y que entrará plenamente en vigor en 2027. La normativa prohíbe la compra, importación y transferencia de GNL de origen ruso, una herramienta diseñada para profundizar el proceso de desvinculación energética iniciado tras la invasión a Ucrania.

Sin embargo, Atenas pretende introducir una excepción que permita a su poderosa flota mercante continuar transportando gas ruso hacia mercados ubicados fuera de la Unión Europea. El argumento del Gobierno griego es que la medida no beneficiaría al bloque, ya que Rusia encontraría rápidamente otros operadores internacionales —principalmente de Asia— para mantener sus exportaciones, mientras que las empresas navieras griegas perderían una fuente significativa de ingresos.

La posición fue recibida con fuerte malestar entre varios socios europeos. Diplomáticos comunitarios consideran que Grecia intenta reabrir un acuerdo aprobado por unanimidad y prioriza intereses comerciales propios en un momento en el que el resto de los países ha asumido importantes costos económicos para disminuir su dependencia energética de Rusia. En los ámbitos de negociación europeos, la actitud de Atenas fue calificada incluso como una postura «descarada», reflejando el creciente nivel de tensión dentro del bloque.

Detrás del planteo también aparecen intereses económicos concretos. Una de las compañías más afectadas por la futura prohibición sería Dynagas, empresa del empresario griego George Prokopiou, especializada en el transporte de GNL en condiciones polares y con una participación clave en las operaciones de la planta rusa de Yamal, uno de los mayores complejos exportadores de gas natural licuado del mundo.

La empresa sostiene que la aplicación del veto comprometería seriamente sus ingresos, pondría en riesgo acuerdos financieros y dejaría sin utilización parte de su flota rompehielos diseñada para operar en el Ártico.

El desacuerdo no solo retrasa la aprobación del paquete de sanciones, sino que también amenaza con alterar otro de los instrumentos centrales de presión económica sobre el Kremlin: el límite al precio del petróleo ruso. Según la normativa vigente, ese tope debe actualizarse periódicamente siguiendo la evolución del mercado internacional. Tras el reciente aumento del valor del crudo, la revisión implicaría elevar el precio máximo permitido, una posibilidad que la Comisión Europea considera inconveniente porque aliviaría los ingresos energéticos de Moscú en plena guerra con Ucrania.

Con el objetivo de evitar ese escenario, Bruselas propuso aplazar la revisión hasta comienzos del próximo año. Sin embargo, las diferencias en torno al GNL mantienen paralizadas las negociaciones y obligaron a postergar nuevamente la discusión entre los embajadores europeos.

Las conversaciones también evidenciaron las dificultades para mantener una posición unificada frente al conflicto. Durante las negociaciones se modificaron o eliminaron diversas propuestas relacionadas con el sistema bancario ruso, las criptomonedas, la denominada «flota oscura», las restricciones a ciudadanos rusos e incluso sanciones dirigidas al patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa, reflejando el complejo equilibrio político que requiere alcanzar consensos entre los 27 miembros del bloque.

El episodio vuelve a demostrar que, más de cuatro años después del inicio de la guerra en Ucrania, la política de sanciones enfrenta un desafío creciente: compatibilizar el objetivo geopolítico de debilitar la capacidad financiera de Rusia con los intereses económicos de los propios países europeos.

La resistencia de Grecia pone de manifiesto que, a medida que las restricciones afectan sectores estratégicos de las economías nacionales, sostener una posición común dentro de la Unión Europea se vuelve cada vez más complejo.