EE.UU. utiliza acuerdos confidenciales para deportar a miles de inmigrantes a otros países

EE.UU. recurre a mecanismos confidenciales para gestionar la reubicación de inmigrantes en países terceros, un proceso marcado por acuerdos secretos, financiamiento multimillonario y controversias legales y éticas sobre los derechos de los afectados.

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025, Estados Unidos ha establecido numerosos pactos encubiertos con países en vías de desarrollo con el objetivo de reubicar a migrantes que no pueden ser deportados de manera legal a sus naciones de origen.

Una investigación publicada el lunes revela que EE.UU. ha deportado a más de 25,000 personas bajo estos acuerdos confidenciales con 35 países, que aceptan inmigrantes sin vínculos directos con esas naciones.

Se estima que la Administración estadounidense ha destinado aproximadamente 410 millones de dólares para facilitar estos retornos, recursos que se dirigen tanto a los Estados receptores como a agencias de la ONU, como la OIM y ACNUR.

Para el 31 de agosto de 2026, al menos 25,447 individuos ya habían sido deportados a terceros países, según datos recopilados por ‘Forbidden Stories’ y un consorcio internacional de periodistas.

La mayor parte, aproximadamente 20,000, fueron enviados a México, mientras que el resto se distribuyó en 27 países de América Latina, África y Oceanía. Además, recientes acuerdos están en proceso con otros siete países, cada uno con condiciones diferentes en cuanto a las nacionalidades aceptadas y los antecedentes penales de los deportados.

Investigaciones anteriores, como las de AFP, indican que EE.UU. también emplea restricciones migratorias y vetos dirigidos a países africanos para presionarlos a aceptar deportados. Sin embargo, los abogados consultados denuncian que muchas de estas personas son retenidas sin cargos en países donde no tienen relaciones y con escasos derechos.

Forbidden Stories enfatiza la interacción con 49 de los 54 países africanos, buscándolos para que acepten deportados, en una estrategia que involucra la creación de una división poco conocida del Departamento de Estado: la Office of Remigration, creada en mayo de 2025 y dirigida por Christian Jove Ehrhardt.

Esta oficina ha gestionado gran parte de las negociaciones y pagos, incluyendo visitas a países como Camerún, donde se firmaron memorandos de entendimiento para aceptar deportados y se otorgaron fondos adicionales para asistencia sanitaria y vuelos de retorno.

Otros países, como Palau y Eswatini, también han participado en estos acuerdos. Por ejemplo, Palau aceptó hasta 75 deportados a cambio de una compensación económica de 7.5 millones de dólares, aunque solo se han enviado unos pocos hasta la fecha. Eswatini ha recibido a 32 personas desde julio de 2025 en virtud de un acuerdo valorado en más de cinco millones de dólares.

Los fondos destinados a estos procesos provienen en gran medida de recursos reservados por el Departamento de Estado, donde 81 millones de dólares se asignaron directamente a los gobiernos firmantes.

El resto se destinó a organizaciones humanitarias como la OIM y ACNUR, que han recibido críticas pero aseguran que su participación busca mejorar las condiciones de los migrantes y sus sistemas de protección.