Más de 2.000 cooperativas y mutuales suspendidas por incumplimientos de documentación según el gobierno
La medida, oficializada mediante las resoluciones 564/2026 y 565/2026 publicadas en el Boletín Oficial, refleja la creciente preocupación del Estado por el control y la transparencia en un sector que maneja recursos colectivos y servicios esenciales.
El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), suspendió la autorización para operar de alrededor de 2.000 cooperativas y mutuales de todo el país por incumplimientos en la presentación de documentación contable y asamblearia.
Según precisó el INAES, las entidades alcanzadas no presentaron los estados contables ni la documentación institucional requerida por la Ley de Cooperativas (Ley 20.337) entre febrero de 2017 y septiembre de 2024, a pesar de las notificaciones previas. El organismo indicó que el proceso se originó a partir de un sumario iniciado en 2024, que incluyó a cooperativas ya suspendidas por irregularidades formales, evidenciando un patrón de incumplimiento prolongado.
La sanción, basada en el artículo 101 inciso 3 de la Ley 20.337, implica el retiro de la autorización para operar y la comunicación de la decisión a organismos de control como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y autoridades locales. La medida abre un debate sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión y el riesgo que representan las entidades que operan sin cumplir con requisitos mínimos de transparencia.
No obstante, el INAES aclaró que siete cooperativas lograron regularizar su situación presentando la documentación requerida durante el proceso y quedaron exceptuadas de la sanción. Tres entidades continúan bajo evaluación en otros procedimientos sumariales, y el caso de una cooperativa fue archivado por haber sido sancionada previamente.
Las cooperativas y mutuales afectadas podrán presentar recursos administrativos o judiciales para intentar revertir la decisión, pero el impacto inmediato subraya un desafío estructural del sector: garantizar que organizaciones que administran recursos colectivos mantengan estándares mínimos de control, rendición de cuentas y funcionamiento institucional.
