La UTA alerta por el deterioro de las rutas: advierte que hasta el 75% de la red vial nacional está en mal estado
La advertencia deja planteado un interrogante que ahora deberá responder la Secretaría de Transporte: si las condiciones denunciadas persisten, ¿qué medidas concretas se adoptarán para evitar que el deterioro de la infraestructura termine convirtiéndose en un problema de seguridad pública?

La seguridad del transporte de pasajeros de larga distancia quedó nuevamente en el centro de la discusión. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclamó al Gobierno nacional medidas urgentes frente al deterioro de las rutas, las deficientes condiciones de terminales y paradores y el envejecimiento de las unidades que recorren miles de kilómetros cada día.
El planteo fue formalizado mediante una carta abierta enviada por el secretario general del gremio, Roberto Fernández, al secretario de Transporte, Mariano Plencovich.
En el documento, la organización sindical advierte que las condiciones actuales de infraestructura y prestación del servicio están generando un escenario de riesgo creciente tanto para los trabajadores como para los pasajeros.
Uno de los principales puntos de la denuncia es el estado de la red vial nacional. La UTA sostiene que entre el 70% y el 75% de los aproximadamente 40.000 kilómetros de rutas nacionales se encontraría actualmente en malas condiciones.
Se trata de una estimación atribuida por el gremio a estadísticas sobre el estado de las carreteras y que, de confirmarse, reflejaría un deterioro significativo de la infraestructura utilizada diariamente por micros, camiones, ambulancias y vehículos particulares.
El sindicato cuestionó además la falta de obras de mantenimiento y bacheo. Según su presentación, los choferes deben circular por trazados con pozos, desniveles, banquinas deterioradas o directamente inexistentes y deficiencias en la señalización.
Para la UTA, estas condiciones no solo incrementan el riesgo de accidentes, sino que también aceleran el desgaste de neumáticos y vehículos.
El reclamo adquiere mayor dimensión por las características del transporte de larga distancia. Los conductores permanecen durante extensas jornadas al frente de unidades que recorren rutas nacionales y, en muchos casos, enfrentan trayectos donde las condiciones de infraestructura dificultan tanto la conducción como la posibilidad de recibir asistencia ante una emergencia.
A los problemas de las rutas se suma, según el gremio, el estado de numerosas terminales y paradores. La UTA denunció que existen establecimientos que no reúnen condiciones adecuadas de seguridad, higiene y descanso para los trabajadores.
El problema no es menor: la falta de lugares seguros para realizar las pausas obligatorias puede transformar el descanso de los choferes en otro factor de vulnerabilidad dentro de un sistema que exige altos niveles de concentración y responsabilidad.
La organización también puso bajo la lupa el estado del parque automotor. Según la entidad sindical, las dificultades de financiamiento estarían limitando la renovación de las flotas, obligando a las empresas a mantener en circulación unidades con un elevado nivel de desgaste.
El gremio sostiene que esto aumenta las posibilidades de desperfectos mecánicos durante los recorridos y deja a los trabajadores expuestos a quedar varados durante horas en zonas alejadas y, eventualmente, sin condiciones adecuadas de seguridad.
Otro elemento que complejiza el panorama son los fenómenos climáticos. La UTA mencionó lluvias intensas, inundaciones, temperaturas extremas, pavimento deformado, hielo, nieve, neblina y acumulación de arena o gravilla como situaciones que pueden comprometer la circulación.
El planteo sindical apunta a que la infraestructura debería estar acompañada por políticas de prevención capaces de anticiparse a estos escenarios.
En este punto aparece uno de los cuestionamientos centrales de la carta: la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre los conductores.
Fernández reivindicó la capacitación y preparación de los choferes, pero reclamó una intervención coordinada del Estado y de los distintos actores vinculados al transporte para reducir los riesgos que exceden la capacidad individual de quienes están al volante.
La advertencia de la UTA expone así un problema que excede las condiciones laborales del sector. El estado de las rutas, la infraestructura de descanso, la antigüedad de las unidades y la respuesta ante contingencias forman parte de una misma cadena de seguridad. Cuando uno de esos eslabones falla, las consecuencias pueden trasladarse directamente a los pasajeros y a quienes trabajan en las rutas.
El reclamo sindical plantea, en definitiva, una discusión sobre las prioridades de la política de transporte: cuánto se invierte en infraestructura, qué controles se realizan, en qué condiciones circulan las unidades y qué nivel de prevención existe frente a los riesgos que enfrentan diariamente miles de personas.
