La Justicia suspende el desguace del INTA y asesta otro revés al Gobierno
Esta decisión, que frena el plan gubernamental de reestructuración del Estado, fue solicitada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
La Justicia Federal ha dictado una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 462/25 sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El fallo de la jueza Martina Forns prohíbe al Gobierno ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto que afecte al INTA. Esto incluye cesantías, suspensiones, traslados de personal y la supresión de estructuras dentro del organismo.
Esta determinación judicial se suma a una serie de reveses que el Poder Judicial ha infligido a las políticas de desguace del Estado impulsadas por la administración de Javier Milei.
Análisis de la situación: El freno judicial como herramienta de control
La decisión de la jueza Forns no solo protege al INTA, un organismo vital para el sector agropecuario, sino que también refuerza el rol de la Justicia como un contrapeso al Poder Ejecutivo. La medida cautelar subraya la necesidad de que las políticas de gobierno respeten los procesos administrativos y los derechos laborales.
El decreto, que pretendía una reestructuración profunda del Estado, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. La judicialización de estas reformas es una respuesta a lo que los gremios, como ATE y APINTA, perciben como una política de desguace arbitraria y sin diálogo. La celebración de los líderes sindicales, como Rodolfo Aguiar de ATE, evidencia la victoria que representa para el sector.
El fallo no cuestiona la posibilidad de reformar el Estado, sino la forma en que el Poder Ejecutivo ha intentado llevarla a cabo, a través de decretos y sin considerar los derechos de los trabajadores ni los procedimientos legales adecuados. Este revés judicial obliga al Gobierno a reconsiderar su estrategia y a buscar un camino más consensuado y respetuoso de las normas vigentes.
