Trabajadores de AySA acusan al Gobierno de “difundir cifras erróneas” para justificar la privatización
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) ha criticado la medida, acusando al gobierno de manipular datos para justificar la decisión.
Los trabajadores de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) han alzado la voz contra el proceso de privatización de la empresa, que se aceleró tras el anuncio oficial de la venta del 90% de sus acciones.
El comunicado del sindicato, liderado por José Luis Lingeri, responde a la resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, que formalizó el proceso de venta. Según el gremio, el Gobierno está difundiendo conclusiones «erróneas» sobre la gestión estatal de AySA, presentándola como «ineficiente y costosa» y el segundo peor operador de la región.
El SGBATOS señala que este análisis se basa únicamente en la cobertura del servicio, sin considerar la calidad ni el desempeño operativo, lo que a su juicio, no refleja la realidad del trabajo de los empleados.
El conflicto de fondo es la visión del agua como bien social frente a su posible mercantilización. El sindicato sostiene que el agua es un «derecho humano esencial» que debe permanecer bajo el control del Estado, con una gestión profesional y la participación de los trabajadores.
El gremio argumenta que la privatización no garantizará el acceso a los 5 millones de argentinos que aún no cuentan con servicios de agua y saneamiento, y advierte que, bajo un esquema privado, «nadie asume la responsabilidad» de asegurar el servicio a la población más vulnerable.
La crítica central es que el plan de privatización no prioriza el acceso universal, sino la rentabilidad económica. El sindicato cuestiona la idea de que la inversión privada resolverá la falta de servicios, sugiriendo que las empresas privadas buscarán ganancias y no necesariamente la expansión del servicio a áreas menos rentables.
En este sentido, la batalla por AySA es un reflejo de un debate más amplio sobre el rol del Estado y el mercado en la provisión de servicios esenciales. La postura de los trabajadores es clara: la defensa de AySA es la defensa de un derecho, no solo la de sus puestos de trabajo.
