Jueces critican la represión a jubilados y respaldan a la magistrada que ordenó la libertad a detenidos
En su cierre, COPAJU exigió el cese de la violencia estatal contra los sectores más vulnerables y la adopción de políticas que garanticen el acceso a una vida digna para los jubilados. «Rechazamos con firmeza el uso represivo de las fuerzas de seguridad de manera desproporcionada, a las cuales además se las expone de manera innecesaria, como también la insuficiencia de los haberes previsionales que impiden a la mayoría de jubiladas y de jubilados vivir dignamente», concluyeron.
La reciente represión policial a jubilados que se manifestaban en las inmediaciones del Congreso de la Nación generó un amplio repudio en distintos sectores del Poder Judicial. Magistrados de todo el país, nucleados en el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), emitieron un comunicado en el que rechazaron el accionar de las fuerzas de seguridad y respaldaron la labor de la jueza Karina Giselle Andrade, quien dispuso la liberación de los detenidos durante la protesta.
La declaración de COPAJU enfatiza que el operativo policial no solo obstaculizó una manifestación de protesta social, sino que también generó una violencia institucional desproporcionada. «Ningún acto de violencia injustificado por parte de quienes reclaman puede generar violencia represiva desproporcionada por parte del Poder Ejecutivo Nacional», señalaron los magistrados, en referencia a la acción de las fuerzas de seguridad desplegadas en la protesta.
El comité además vinculó la represión con la situación de vulnerabilidad que atraviesan los jubilados en Argentina. «El mismo Poder estatal que vulnera el derecho a la seguridad social de jubiladas y de jubilados, quienes no pueden vivir con dignidad, no puede responder con represión a su reclamo», destacaron.
Apoyo a la jueza Andrade frente a críticas del Gobierno
En su mensaje, COPAJU respaldó la decisión de la jueza Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15 de la Ciudad de Buenos Aires, quien ordenó la liberación de los manifestantes detenidos. Según los magistrados, la resolución de la jueza se ajustó estrictamente a los principios constitucionales, protegiendo derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la garantía del debido proceso.
El comunicado también pone de relieve que la jueza Andrade señaló diversas irregularidades en los procedimientos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad, lo que evidenciaría una actuación desproporcionada e injustificada.
Desde el Gobierno, sin embargo, se criticó la decisión judicial y se cuestionó el rol de la magistrada en el proceso. Estas declaraciones fueron consideradas por COPAJU como «un ataque injustificado» hacia una jueza que simplemente actuó en conformidad con la normativa vigente.
El drama de los jubilados: entre la crisis y la represión
COPAJU también abordó la problemática estructural del sistema previsional en Argentina. «En esta realidad económica, es innegable que este derecho social, esencialmente basado en la sustitución de ingresos, resulta ineficaz e insuficiente para garantizar un estándar mínimo de vida digna», afirmaron.
El comité remarcó que la mayoría de los jubilados enfrenta una situación crítica, obligados a elegir entre alimentarse o adquirir medicamentos, en lo que calificaron como «un verdadero maltrato institucional». Para sustentar su postura, citaron palabras del papa Francisco, quien recientemente denunció la represión a jubilados en Argentina: «En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta», había declarado el Sumo Pontífice.
