Gobierno lanza plataforma digital para acelerar privatizaciones y cumplir compromisos con el FMI
El lanzamiento de esta plataforma marca un punto de inflexión: la privatización deja de ser una política discutida caso por caso para convertirse en un procedimiento digitalizado y estandarizado, con el riesgo de reducir el debate público y legislativo a una formalidad, mientras se transfieren activos estratégicos del Estado al sector privado en tiempo récord.
El Gobierno nacional puso en marcha una nueva herramienta digital para centralizar y agilizar los procesos de privatización total o parcial de empresas estatales, en línea con lo establecido en la Ley Bases y con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional.
La medida fue oficializada este lunes en el Boletín Oficial mediante la Disposición 29/2025, que incorpora al sistema CONTRAT.AR un módulo específico denominado “Privatizaciones Leyes Nros. 27.742 y 23.696”.
La plataforma permitirá realizar de forma completamente online la venta de activos, acciones o cuotas de capital, así como la transferencia de establecimientos productivos y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos. Según la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), el objetivo es “reducir tiempos y unificar criterios” en los procesos de desinversión estatal.
Los oferentes deberán presentar modelos estandarizados de documentación —actas y declaraciones juradas— para acreditar que cumplen los requisitos legales y que están habilitados a contratar con el Estado. Quienes ya estén inscriptos como concesionarios bajo la Ley 17.520 no necesitarán registrarse nuevamente, mientras que el resto deberá crear un usuario y validar su identidad.
Con esta herramienta, el Ejecutivo avanza en la privatización de ocho empresas incluidas en la Ley Bases: AYSA, Enarsa, Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y SOFSE, con privatización parcial para YCRT y Nucleoeléctrica Argentina. La administración de Javier Milei deberá presentar en noviembre ante el FMI una hoja de ruta con el cronograma y modalidad de estos procesos, lo que explica la urgencia por habilitar un sistema que, más allá de su eficiencia técnica, busca garantizar que las operaciones se concreten sin trabas administrativas.
