El Gobierno cerró el INTA pese al rechazo del Congreso
El INTA, históricamente reconocido por su aporte a la productividad, la investigación genética y el desarrollo de tecnologías adaptadas a las economías regionales, enfrenta así un recorte que no solo es administrativo, sino que puede afectar de manera directa su capacidad de acción en el territorio. La supresión de la Dirección Nacional no es un hecho aislado, sino un paso más en la centralización del control y en la reducción de estructuras públicas, con un impacto que podría sentirse más allá de los despachos oficiales, en el corazón mismo del campo argentino.
El Gobierno profundizó este martes su ofensiva contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) al eliminar, mediante el Decreto 571/2025, la Dirección Nacional del organismo, transfiriendo sus funciones directamente a la Presidencia.
La medida, firmada por Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, llega apenas días después de que la Cámara de Diputados rechazara el decreto que iniciaba este ajuste, evidenciando una decisión política de gobernar de espaldas al Congreso.
La eliminación de la Dirección Nacional se enmarca en la reestructuración iniciada por el Decreto 462/2025, que degradó al INTA de organismo descentralizado a desconcentrado, bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con esta modificación, el control del instituto queda concentrado en un presidente asistido por un consejo técnico, una estructura que, según el oficialismo, hace innecesaria la existencia de la Dirección Nacional.
Para el Gobierno, “las razones operativas que justificaban la existencia” de esa área “han desaparecido”. Sin embargo, críticos advierten que este cambio debilita la autonomía técnica y científica del organismo, clave para la investigación y el desarrollo del sector agropecuario, y pone en riesgo programas estratégicos de innovación rural.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó el rechazo legislativo y calificó la situación como “medio ridícula”, en referencia a que el Congreso delegara atribuciones que luego objeta. Pero más allá de lo discursivo, la decisión consolida un patrón: avanzar con decretos incluso frente a votaciones adversas, priorizando la agenda de ajuste sobre el consenso institucional.
