5 de mayo de 2026

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,85% en jubilaciones y pensiones para febrero

La medida, que eleva el haber mínimo garantizado a $359.254,35, alcanza a todas las prestaciones del sistema y vuelve a poner en discusión la capacidad del mecanismo para recomponer ingresos en un contexto de desaceleración inflacionaria, pero con niveles de precios aún elevados.

El Gobierno nacional oficializó un aumento del 2,85% en jubilaciones y pensiones que comenzará a regir desde febrero de 2026, en línea con el esquema de movilidad previsional basado en la inflación.

La actualización fue establecida mediante la Resolución 21/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), publicada este lunes en el Boletín Oficial. El incremento responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, de acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, y se aplica a los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Con el nuevo cuadro de valores, el haber máximo se ubicará en $2.417.441,63, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) ascenderá a $164.342,47 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $287.403,48. Estas actualizaciones reflejan la lógica automática del esquema vigente, que prioriza la previsibilidad fiscal y la indexación mensual de los haberes.

La resolución también precisó el mecanismo de actualización de las remuneraciones para quienes accedan a la jubilación a partir del 31 de enero de 2026, así como para los trabajadores que soliciten el beneficio desde febrero bajo regímenes de compatibilidad entre empleo y jubilación. En estos casos, los salarios históricos serán ajustados según los índices que determine la Subsecretaría de Seguridad Social, con el objetivo de reflejar la evolución salarial al momento de calcular el haber inicial.

El actual sistema de movilidad, en vigor desde mediados de 2024, establece aumentos mensuales tomando como referencia la inflación de dos meses previos. Si bien este esquema busca evitar los desfasajes que caracterizaron a fórmulas anteriores, distintos sectores advierten que la indexación estricta por IPC no necesariamente compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los años previos, manteniendo abierto el debate sobre la suficiencia de los haberes jubilatorios en el mediano plazo.

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