El Gobierno reactiva el debate sobre la Ley Penal Juvenil y la edad de imputabilidad
El anuncio, realizado por la senadora Patricia Bullrich a través de la red social X, anticipa un debate sensible que vuelve a ocupar un lugar central en la agenda legislativa y promete una fuerte confrontación entre oficialismo y oposición.
El Gobierno nacional confirmó que durante las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para febrero, impulsará una modificación de la Ley Penal Juvenil que incluye la reducción de la edad de imputabilidad.
Bullrich enmarcó la iniciativa en un discurso centrado en la seguridad y la prevención del delito, al señalar que “la sociedad necesita justicia y prevenir nuevas víctimas”. Bajo esa lógica, planteó que la ausencia de sanciones penales efectivas para los menores fomenta la reincidencia, una postura que históricamente divide aguas tanto en el ámbito político como en el académico y judicial.
El mensaje de la senadora también dejó entrever una estrategia de polarización política. Al afirmar que el debate permitirá distinguir “quiénes están del lado de los argentinos” y quiénes “defienden a los delincuentes”, el oficialismo parece apostar a instalar la discusión en términos de orden y seguridad, un eje que suele generar amplio impacto en la opinión pública.
La iniciativa cuenta, además, con respaldo explícito del Poder Ejecutivo. En su publicación, Bullrich replicó un mensaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que la reforma forma parte del temario oficial de las sesiones extraordinarias. Adorni difundió una imagen de una reunión en Casa Rosada junto a referentes clave del oficialismo, como Diego Santilli, Karina Milei, Martín Menem y Santiago Caputo, reforzando la señal de coordinación política para avanzar con el proyecto.
La reactivación de este debate se da en un contexto de fragmentación legislativa y con antecedentes de intentos fallidos de reforma, lo que anticipa un escenario complejo en el Congreso. Mientras el oficialismo busca capitalizar el tema desde una agenda de seguridad, distintos sectores advierten sobre los límites y las consecuencias de una baja en la edad de imputabilidad sin un abordaje integral del sistema de protección de la infancia y adolescencia.
