El Gobierno eliminó el Día del Empleado Público y desata un conflicto legal y simbólico con los trabajadores estatales

La decisión del Gobierno nacional de eliminar, por decreto, el carácter no laborable del Día del Empleado Público —que se conmemora cada 27 de junio— generó una fuerte polémica y reactivó tensiones con los gremios estatales.

Mientras el vocero presidencial Manuel Adorni justificó la medida como un gesto de «austeridad» y «igualdad con el sector privado», desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advierten que se trata de una acción inconstitucional que solo el Congreso puede revertir, al tratarse de una fecha establecida por la Ley 26.876.

El trasfondo de esta medida va más allá de un simple feriado: representa una nueva etapa en la estrategia del Gobierno por deslegitimar el rol del Estado y sus trabajadores, en línea con el discurso libertario que lo llevó al poder. Bajo la consigna de “reducir privilegios”, se avanza en hechos concretos que, para los sindicatos, buscan erosionar derechos laborales reconocidos legalmente y demonizar al empleo público como gasto improductivo.

En la conferencia de prensa donde se anunció la eliminación, Adorni sostuvo que “el Estado no es un lugar para tomarse días sabáticos ni tener privilegios que no existen en el sector privado”. Sin embargo, su argumento se desmorona al considerar que numerosos convenios colectivos del ámbito privado —como los de comercio, seguros o bancarios— contemplan feriados o jornadas no laborables propias, sin que eso implique un privilegio sino un derecho conquistado mediante negociación paritaria.

La paradoja es aún más evidente si se observa que, en simultáneo, el propio Gobierno comunicó que el 94% de los trabajadores estatales evaluados en los exámenes de idoneidad impulsados por esta gestión aprobó con éxito. Es decir, que mientras se descalifica simbólicamente a los empleados públicos, los datos oficiales validan su capacitación y desempeño.

Desde ATE, la reacción no se hizo esperar. El secretario general Rodolfo Aguiar denunció que se trata de un acto “autoritario” que busca “destruir el Estado y también a los estatales”. En un mensaje publicado en la red social X, acusó directamente al vocero presidencial: “El único que goza de privilegios del Estado sos vos, Adorni, cara dura”. Y lanzó una advertencia institucional: “Solo el Congreso puede derogar una ley que él mismo sancionó”.

Además, Aguiar apuntó al presidente Javier Milei, acusándolo de actuar como “un emperador” al intentar eliminar por decreto una jornada que simboliza el reconocimiento al aporte cotidiano de quienes garantizan servicios públicos esenciales. ATE ya evalúa acciones gremiales para resistir lo que consideran un nuevo atropello contra los derechos laborales.

Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de ofensiva oficial contra el aparato estatal, que incluye despidos, recortes presupuestarios y desprestigio discursivo. Lejos de significar una medida menor, la eliminación del Día del Empleado Público es un gesto cargado de simbolismo político: el Estado como blanco, y sus trabajadores como enemigos ideológicos.

En definitiva, lo que se discute no es sólo un feriado, sino el modelo de país que se pretende consolidar: uno en el que el Estado se reduce a su mínima expresión y en el que la estabilidad laboral, la negociación colectiva y los derechos conquistados se ven como obstáculos a eliminar. El conflicto recién empieza.