Georgalos justificó los despidos y descartó reincorporaciones

La histórica firma alimenticia Georgalos atraviesa un conflicto laboral de alta tensión tras el despido de cinco trabajadores y la eliminación de un bono por productividad, hechos que motivaron una contundente protesta gremial que incluyó un corte en la Autopista Panamericana.

Mientras el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) exige la reincorporación de los despedidos y el restablecimiento del beneficio salarial, la empresa sostiene que las desvinculaciones están “justificadas” por presuntos hechos de sabotaje y descarta cualquier marcha atrás.

El enfrentamiento expone una vez más las fricciones entre el capital y el trabajo en un contexto económico nacional en el que las empresas avanzan sobre condiciones laborales bajo el paraguas de la “eficiencia productiva”, mientras los gremios intentan frenar lo que consideran una ofensiva contra derechos básicos adquiridos.

En este caso, Georgalos asegura que los trabajadores despedidos incurrieron en «conductas que pusieron en riesgo la integridad de la planta», y remarcó en un comunicado oficial que ya realizó las denuncias correspondientes ante la Justicia. Sin embargo, no brindó detalles sobre los hechos imputados ni abrió canales de diálogo.

Del otro lado, el STIA —conducido por Rodolfo Daer, dirigente con peso en la CGT— afirma que los despidos no son otra cosa que una represalia por reclamos internos vinculados a condiciones laborales en el área de producción de chocolates. Además, denuncian que la empresa eliminó de forma unilateral un bono por productividad que, según el gremio, supera en otras plantas los 200 mil pesos. “Mientras en otras fábricas se pagan esos montos, acá directamente los anularon”, afirmaron desde el sindicato, que anticipó que las protestas continuarán si no se revierte la situación.

La reacción de Georgalos también deja en claro que no tolerará medidas de presión gremial. En su comunicado, calificó las manifestaciones como “incomprensibles” y acusó a los dirigentes sindicales de querer “disfrazar un hecho delictivo con un supuesto reclamo gremial”. La empresa sostiene que todo conflicto debe canalizarse dentro de los marcos legales y sin recurrir a “coacciones, agresiones ni daños a la infraestructura”.

El caso pone en evidencia un fenómeno más amplio: el desbalance creciente en las relaciones laborales en medio de un proceso de ajuste económico, flexibilización y debilitamiento del poder sindical. El bono eliminado por Georgalos, aunque no obligatorio por ley, formaba parte de un acuerdo tácito que funcionaba como incentivo salarial, y su quita se interpreta por los trabajadores como una señal de desinversión en el capital humano.

Además, el conflicto revela el deterioro del diálogo social: frente a un reclamo colectivo, la empresa responde con comunicados judicializados y acusaciones, sin instancias claras de mediación o negociación. El gremio, por su parte, redobla la presión en la calle, pero enfrenta un contexto político poco receptivo a las medidas de fuerza.

En definitiva, el caso Georgalos no es un episodio aislado, sino un termómetro de la situación actual en muchas industrias del país: recorte de costos, pérdida de beneficios laborales, criminalización del conflicto y un modelo empresarial que prioriza la rentabilidad por sobre el consenso social. Si no se revierte esta dinámica, es probable que el escenario se repita en otras plantas y sectores, con consecuencias cada vez más graves para el empleo y la paz social.