Transferencia de rutas a provincias: advierten un desmantelamiento por goteo y riesgo de despidos masivos
El conflicto se encamina a profundizarse. Los gremios ya se declararon en estado de alerta y anticipan posibles medidas de fuerza, mientras crece la discusión sobre el futuro de la infraestructura vial y el rol del Estado en su planificación y mantenimiento.
La decisión del gobierno de Javier Milei de delegar el mantenimiento de rutas nacionales a un grupo de provincias abrió un nuevo foco de conflicto, con fuertes cuestionamientos desde el sector vial que denuncia un proceso de debilitamiento progresivo del Estado y posibles pérdidas de empleo.
El Decreto 253/2026 habilita a distritos como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén, entre otros, a asumir tareas sobre corredores nacionales mediante acuerdos con la Dirección Nacional de Vialidad.
Aunque la medida se presenta como un esquema de descentralización con carácter “temporal y revocable”, desde los gremios sostienen que en la práctica implica un corrimiento del Estado nacional en funciones clave.
Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional alertan que el traspaso de competencias no viene acompañado de garantías laborales ni de financiamiento suficiente, lo que podría traducirse en un fuerte impacto sobre la estructura del organismo. Según sus estimaciones, cerca de mil puestos de trabajo quedarían en riesgo en una primera etapa.
El planteo sindical va más allá de la coyuntura: advierten que no se trata de una medida aislada, sino de una estrategia de “vaciamiento por goteo”. Bajo esta lógica, primero se transfieren funciones, luego se reduce la necesidad de personal y finalmente se reemplaza la gestión pública por esquemas privados o concesionados, debilitando la capacidad operativa del Estado en materia de infraestructura vial.
A esto se suma otra preocupación central: la viabilidad económica del modelo. Desde el sector técnico señalan que muchos de los tramos incluidos no tienen suficiente flujo de tránsito como para sostenerse mediante peajes, lo que podría derivar en mayores costos para los usuarios o en un deterioro del mantenimiento en rutas menos rentables pero estratégicas para la conectividad territorial.
El Gobierno, por su parte, defiende la iniciativa como parte de un enfoque orientado a fortalecer el federalismo y otorgar mayor autonomía a las provincias. Sin embargo, para los trabajadores, se trata más bien de una transferencia de responsabilidades sin recursos, que podría dejar al organismo reducido a un rol residual de supervisión.
