El Gobierno busca reabrir el diálogo con las universidades sin ceder en el ajuste fiscal

El Gobierno enfrenta una contradicción cada vez más visible: mientras busca recuperar margen de diálogo con las universidades, sostiene un modelo de ajuste que, según denuncian rectores, docentes y estudiantes, compromete el funcionamiento de uno de los principales sistemas públicos de formación, investigación y movilidad social del país.

Luego de una nueva y multitudinaria movilización universitaria en distintos puntos del país, el Gobierno nacional comenzó a mostrar señales de apertura al diálogo con las casas de estudio, aunque sin modificar el eje central de su política económica: el sostenimiento del equilibrio fiscal aun a costa del deterioro presupuestario del sistema educativo.

Mientras desde sectores oficiales se insistió en descalificar la protesta calificándola como una “marcha política”, en Casa Rosada reconocieron que en los próximos días convocarán a representantes universitarios para retomar negociaciones por la recomposición presupuestaria. El objetivo oficial será intentar descomprimir un conflicto que se profundiza y que ya se convirtió en uno de los focos más sensibles de desgaste para la administración de Javier Milei.

Según trascendió, la reunión sería encabezada por funcionarios del área educativa dependiente del Ministerio de Capital Humano, entre ellos el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Desde el oficialismo adelantaron que cualquier eventual acuerdo estará condicionado a la premisa del “déficit cero”, concepto que el Gobierno mantiene como límite innegociable para cualquier discusión presupuestaria.

Sin embargo, detrás del anuncio de diálogo persiste una estrategia oficial que combina negociación política, judicialización y dilación administrativa. En paralelo a la convocatoria, el Ejecutivo avanzó ante la Corte Suprema para intentar frenar los efectos de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por Milei. La maniobra apunta, según denuncian sectores universitarios, a ganar tiempo y evitar desembolsos millonarios destinados a recomponer salarios y funcionamiento institucional.

La propuesta alternativa impulsada por el oficialismo refleja esa misma lógica restrictiva. El proyecto de financiamiento presentado por el Gobierno solo contempla compensar parcialmente la pérdida presupuestaria correspondiente a 2025, dejando afuera la fuerte licuación sufrida durante 2024, uno de los puntos centrales reclamados por las universidades nacionales.

En materia salarial, la iniciativa prevé aumentos fragmentados y muy por debajo de los niveles inflacionarios acumulados. El esquema oficial ofrece una actualización del 4,1% en tres tramos distribuidos durante el año, sin establecer mecanismos automáticos de ajuste por inflación. Para docentes y trabajadores nodocentes, esto implica continuar perdiendo poder adquisitivo en un contexto de fuerte deterioro económico.

La situación también impacta sobre el funcionamiento cotidiano de las universidades. El proyecto oficial condiciona nuevas actualizaciones presupuestarias a que la inflación anual supere el 14,3%, una meta cuestionada incluso por especialistas económicos debido a la volatilidad inflacionaria y al retraso acumulado en partidas esenciales como servicios, infraestructura y hospitales universitarios.

Como gesto político, el Gobierno evalúa incorporar una recomposición específica para el sistema de salud universitario, un área particularmente golpeada por la crisis financiera. No obstante, desde el ámbito académico advierten que la medida sería insuficiente frente al deterioro estructural que atraviesan las universidades públicas.

El conflicto, además, dejó al descubierto tensiones internas dentro del propio oficialismo. Mientras un sector cercano al asesor presidencial Santiago Caputo consideraba necesario encauzar rápidamente una solución legislativa para evitar una escalada del conflicto, otro núcleo vinculado al karinismo apostó por postergar definiciones y sostener el desgaste de las universidades como parte de la estrategia política del Gobierno.

Con el debate universitario convertido en un nuevo frente de disputa interna en la Casa Rosada, el oficialismo buscará ahora consensuar una postura común antes de enviar su proyecto al Congreso y comenzar la negociación parlamentaria para conseguir respaldo político.