Crisis en Alijor, dueña de La Salteña: salarios impagos, caída productiva y alerta sindical por posibles despidos

La crisis en Alijor se suma a otros conflictos abiertos en la industria alimenticia, donde distintas compañías del sector enfrentan tensiones laborales en un contexto de caída del consumo y reconfiguración productiva, lo que profundiza la incertidumbre sobre el empleo industrial en el país.

La situación en la empresa Alijor, propietaria de la reconocida marca de alimentos La Salteña, atraviesa un escenario crítico marcado por retrasos en el pago de salarios, tensión gremial y un progresivo deterioro de su estructura productiva, lo que encendió alertas sobre la continuidad de puestos de trabajo en su planta de Garín.

Pese a operar en el rubro de consumo masivo con productos de alta demanda, la compañía arrastra desde hace años una serie de conflictos laborales que, según la representación sindical, se profundizaron en el último período debido a decisiones empresariales vinculadas a la falta de inversión, desorden en la gestión y problemas de planificación financiera.

Desde el STIA señalaron que la crisis actual no puede explicarse únicamente por el contexto económico general, sino que responde también a factores internos acumulados. En ese sentido, remarcaron que el impacto del ajuste macroeconómico y la caída del consumo agravan una situación previa de fragilidad estructural dentro de la empresa.

El conflicto no es reciente. En los últimos años, la planta redujo de manera significativa su dotación de personal, pasando de más de 320 trabajadores a casi la mitad. A esto se suma un extenso historial de negociaciones sin resultados concretos, con múltiples audiencias en el Ministerio de Trabajo que no lograron destrabar el conflicto salarial ni garantizar estabilidad laboral.

En ese marco, el sindicato advierte que las instancias administrativas se encuentran agotadas y reclama medidas de fondo para evitar un agravamiento de la crisis. La organización sostiene que no es posible trasladar el costo de los problemas de gestión al salario de los trabajadores y cuestiona la falta de respuestas por parte de la empresa frente a los incumplimientos.

Como salida al conflicto, la representación gremial plantea la necesidad de garantizar la continuidad productiva mediante un cambio en la administración de la compañía. Entre las alternativas mencionadas se encuentra la posibilidad de una venta o el ingreso de un nuevo socio inversor que permita recomponer la estructura operativa y financiera.

El STIA también rechazó cualquier intento de despidos o acuerdos de salida individual que encubran reducciones de personal, y exige una solución integral que preserve los puestos de trabajo y normalice la actividad en la planta.