Decreto limita el rol de la UIF en causas de corrupción: ¿Reforma técnica o retroceso institucional?

El Decreto 274/2025 representa mucho más que un cambio técnico-administrativo. Es una redefinición del rol del Estado frente a delitos estructurales que afectan el corazón mismo del sistema democrático. En lugar de fortalecer las herramientas del Estado para prevenir y sancionar el crimen económico, se opta por recortarlas en nombre de la eficiencia. En un país atravesado por décadas de corrupción, esa no es una señal de modernización institucional. Es una concesión peligrosa.

En una decisión que ya generó preocupación entre organismos judiciales, expertos en lavado de dinero y sectores políticos de la oposición, el Gobierno de Javier Milei firmó el Decreto 274/2025, que remueve a la Unidad de Información Financiera (UIF) del rol de querellante en causas de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La medida, presentada bajo el argumento de fortalecer la autonomía del organismo y evitar superposiciones con el Ministerio Público Fiscal (MPF), ha sido criticada como un retroceso significativo en la lucha contra el crimen económico y político.

Un golpe a la capacidad investigativa del Estado

Desde 2008, la UIF tenía la potestad de presentarse como querellante en causas penales que involucraran delitos económicos complejos, funcionando como una herramienta clave para impulsar investigaciones cuando el accionar del Ministerio Público era insuficiente, lento o inexistente. Su participación ha sido esencial en varias causas resonantes de corrupción que involucraron a exfuncionarios y empresarios.

La eliminación de esta facultad debilita una línea de acción estatal que permitía que un organismo técnico, con conocimiento especializado y autonomía institucional, actuara en paralelo al Ministerio Público Fiscal, que no siempre ha estado libre de presiones ni ha mostrado igual interés en avanzar con estas investigaciones.

¿Recomendación del GAFI o justificación a medida?

El Gobierno cita recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como sustento técnico de la medida. Es cierto que el GAFI ha señalado que las unidades de inteligencia financiera deben ser autónomas y que, en algunos países, no participan directamente en causas judiciales. Sin embargo, omitir el contexto argentino es deshonesto: en una estructura judicial con limitaciones crónicas y con antecedentes de connivencia con el poder político, que la UIF pueda actuar como querellante no es una anomalía, sino una salvaguarda.

Lejos de fortalecer la autonomía institucional, el decreto parece debilitarla, al reducir su capacidad de acción concreta y limitar su rol a tareas de cooperación e intercambio de información. En un país donde los delitos financieros muchas veces se investigan tarde, mal o nunca, restarle herramientas a la UIF parece más un gesto de desprotección que una reforma técnica.

Austeridad o desmantelamiento estratégico

El Ejecutivo también esgrimió el argumento del ahorro de recursos. Alega que la doble intervención de UIF y MPF genera una superposición costosa e ineficiente. Sin embargo, ni en el decreto ni en las declaraciones públicas del Gobierno se presenta un análisis técnico detallado que justifique tal afirmación.

En todo caso, el costo económico de sostener la participación de la UIF en estas causas es ínfimo en comparación con los daños estructurales que produce el crimen organizado y la corrupción sobre las arcas del Estado y la confianza ciudadana. El “ahorro” en este caso puede traducirse en un alto precio en términos de impunidad.

Un patrón preocupante

Esta decisión no puede analizarse en el vacío. Se suma a una serie de señales preocupantes en torno a la transparencia institucional del Gobierno de Milei. Desde el intento de concentrar más poder en el Ejecutivo mediante decretos, hasta la falta de respuestas claras frente a escándalos como el caso de la criptomoneda $LIBRA, el relato de la «eficiencia» parece estar siendo utilizado como cobertura para desmantelar mecanismos de control y fiscalización.

Limitar el accionar de la UIF —un órgano clave en la detección de flujos ilícitos de dinero— puede derivar en menor capacidad para investigar redes de corrupción, lavado o narcotráfico. Y hacerlo por decreto, sin debate legislativo, profundiza aún más la tendencia a la toma de decisiones unilaterales.