Privatización de Correo Argentino: ajustes, despidos y cierres de 300 sucursales deja pueblos sin servicio

El proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional sobre el Correo Argentino avanza a un ritmo acelerado y genera crecientes cuestionamientos por su impacto social, laboral y territorial. Mientras la administración libertaria sostiene la necesidad de reducir costos y modernizar la empresa estatal, sindicatos y autoridades locales advierten que el cierre masivo de sucursales y la reducción de personal constituyen una estrategia orientada a preparar el terreno para una futura privatización.

De acuerdo con datos difundidos por distintos sectores vinculados a la actividad postal, ya fueron cerradas unas 300 oficinas de un plan que contempla la clausura de hasta 900 sucursales en todo el país.

Las provincias de San Luis, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero aparecen entre las más afectadas por una medida que impacta especialmente en pequeñas localidades del interior, donde el Correo Argentino suele representar mucho más que un simple servicio de distribución.

La decisión reabre un debate histórico sobre el rol del Estado en regiones alejadas de los grandes centros urbanos. En numerosos pueblos, las sucursales postales funcionan como un canal indispensable para el cobro de prestaciones, el envío de documentación oficial y la conexión logística de pequeños emprendimientos. Su desaparición obliga a miles de habitantes a trasladarse largas distancias para realizar trámites básicos, profundizando las asimetrías entre las grandes ciudades y las comunidades rurales.

Desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) sostienen que el cierre de oficinas forma parte de un proceso de “achicamiento” que busca reducir la estructura operativa antes de avanzar hacia una eventual venta de la compañía. Para el gremio, la disminución de activos, la reducción de personal y la reorganización de los servicios responden a una lógica de valorización empresarial destinada a hacer más atractiva la firma para potenciales compradores.

Las consecuencias ya se observan en distintas provincias. En localidades como Villa Manzano, en Neuquén, la clausura de la sucursal local generó un fuerte rechazo de vecinos y autoridades municipales.

El intendente Daniel Hernández cuestionó la decisión al señalar que el municipio absorbía los costos de funcionamiento del edificio y que incluso se había ofrecido a renovar los acuerdos existentes para evitar el cierre. Sin embargo, la oficina dejó de operar y los habitantes ahora deben recorrer decenas de kilómetros para acceder al servicio más cercano.

Situaciones similares se registran en Río Negro, donde cerraron las sucursales de Cervantes y Mainqué, y en otras localidades neuquinas afectadas por la desactivación de oficinas que atendían a poblaciones de la región. Para los gobiernos locales, la medida refleja una visión centralista que prioriza criterios económicos por encima de las necesidades de comunidades con escasas alternativas de conectividad.

Como reemplazo parcial, la empresa comenzó a implementar los denominados “Puntos Correo”, espacios instalados en comercios privados que buscan mantener cierta presencia operativa. Sin embargo, esta modalidad también es objeto de críticas. Los sindicatos cuestionan que no garantizan la totalidad de los servicios que ofrecían las sucursales tradicionales y advierten que, lejos de representar una solución definitiva, implican una reducción de prestaciones para los usuarios.

El conflicto también atraviesa el plano salarial. Mientras la inflación continúa erosionando el poder adquisitivo, los trabajadores denuncian que los ingresos del sector quedaron rezagados. La conducción de FOECYT reclama una recomposición del 15%, mientras que la propuesta empresaria rondó el 6,6%, una diferencia que profundizó el malestar y tensó las negociaciones paritarias.

A la par de los cierres, la empresa registra una fuerte reducción de su planta laboral. Entre retiros voluntarios y despidos, miles de trabajadores dejaron la compañía durante los últimos meses. Según datos gremiales, la dotación pasó de aproximadamente 18.000 empleados a cerca de 11.000, una disminución que modifica de manera sustancial la capacidad operativa del servicio postal estatal.

Otro aspecto que alimenta la controversia es la incorporación reciente de sistemas automatizados y herramientas de inteligencia artificial para la clasificación de correspondencia y paquetería. Mientras el Gobierno presenta estas inversiones como parte de un proceso de modernización, sectores sindicales interpretan que la actualización tecnológica busca incrementar el valor de mercado de la empresa antes de una eventual transferencia al sector privado.

El caso del Correo Argentino expone una de las principales tensiones del actual modelo de gestión estatal: la búsqueda de eficiencia económica frente a la obligación de garantizar servicios públicos con alcance federal.

En ese escenario, el debate ya no se limita a la viabilidad financiera de la empresa, sino que involucra preguntas más profundas sobre el papel del Estado, la integración territorial y el costo social de las políticas de ajuste en regiones donde la presencia pública continúa siendo un factor clave para la vida cotidiana.