Crisis y descontento salarial: cinco fuerzas federales se movilizan juntas el 2 de abril
El 2 de abril se perfila como un punto de inflexión para el sector, no solo por el carácter histórico de la coordinación entre cinco fuerzas, sino porque revela problemas estructurales profundos que podrían impactar en la operatividad del Estado y en la confianza interna en la conducción de las fuerzas de seguridad.
El área de Seguridad atraviesa un momento de tensión sin precedentes: por primera vez, efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal organizaron una protesta conjunta para exigir mejoras salariales y condiciones laborales dignas.
La movilización se realizará el próximo 2 de abril frente al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería en Retiro, bajo la modalidad simbólica de un “abrazo solidario”.
El reclamo refleja un deterioro profundo del poder adquisitivo. Según denuncian los propios uniformados, muchos salarios se ubican por debajo de la línea de pobreza, obligando a algunos a recurrir a trabajos extra o plataformas como Uber para llegar a fin de mes. La situación evidencia no solo un conflicto económico, sino también una fractura en la estructura interna de las fuerzas, donde las políticas recientes favorecieron a los rangos superiores en detrimento de la base, generando desigualdad y descontento acumulado.
El conflicto se agrava por la crisis en la cobertura sanitaria tras la reestructuración de la obra social Iosfa, que derivó en la creación de OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para los militares. Los efectivos denuncian falta de prestaciones y atención médica insuficiente, situación que alimenta la indignación y multiplicó los reclamos internos a través de grupos de comunicación interna.
La protesta también pone en evidencia tensiones de gestión y liderazgo dentro del Gobierno. Crecen las críticas hacia la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionada por su falta de conducción y capacidad de negociación con los jefes de las fuerzas. El recuerdo de la crisis policial en Córdoba en 2013, cuando un conflicto similar provocó la salida del entonces funcionario responsable, agrega presión sobre la gestión actual.
Además, las disputas internas dentro del oficialismo, incluyendo tensiones con la ex ministra Patricia Bullrich, complican la resolución del conflicto y limitan la capacidad del Gobierno para contener una movilización que combina demandas salariales, críticas por el manejo sanitario y cuestionamientos de liderazgo.
