Mar del Plata: posible cierre de hoteles militares, 180 trabajadores temen ser despedidos

Mientras tanto, en Mar del Plata, la incertidumbre sigue siendo la única certeza para decenas de familias que dependen de una decisión que aún no se oficializa, pero cuyos efectos ya comenzaron a sentirse.

El eventual cierre de dos hoteles vinculados al sistema de turismo de las Fuerzas Armadas en Mar del Plata puso en alerta a unos 180 trabajadores que ven peligrar sus fuentes de ingreso en medio de un proceso más amplio de reconfiguración del rol del Estado.

La situación, aún sin resolución definitiva, refleja el impacto concreto de decisiones estructurales como la privatización de la obra social militar.

Los establecimientos en cuestión —el Hotel Tierra del Fuego y el Antártida— dependen de la órbita del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, actualmente en proceso de transformación. Según denuncian representantes gremiales, la nueva gestión no estaría dispuesta a sostener la operación de estos espacios, lo que deja a los empleados en una situación de indefinición que combina incertidumbre laboral con falta de información oficial clara.

El conflicto se agrava por los tiempos administrativos: a fin de mes vencen decenas de contratos temporarios, lo que podría acelerar un desenlace negativo incluso antes de que se defina el futuro de los inmuebles. En paralelo, se analiza la transferencia de los edificios a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, un paso que suele anteceder procesos de concesión o venta.

Desde los sindicatos advierten que no se trata de un hecho aislado, sino de una tendencia. Denuncian una estrategia que, mediante el deterioro o subutilización de servicios, busca justificar su posterior cierre o privatización. En ese marco, sostienen que los hoteles podrían ser viables con una gestión eficiente, lo que pone en discusión si la decisión responde a criterios económicos o a una definición política sobre el rol estatal en áreas como el turismo social.

La protesta de los trabajadores, que incluye acciones públicas frente a los establecimientos, busca visibilizar una problemática que trasciende lo local. Casos similares, como la concesión a largo plazo de la Unidad Turística Chapadmalal, refuerzan la percepción de un cambio de paradigma: el Estado deja de ser prestador directo para ceder espacio al sector privado.

Este proceso se inscribe en la lógica impulsada por el gobierno de Javier Milei, que sostiene que la administración pública debe reducir su participación en actividades que considera ajenas a su función central. Sin embargo, la transición no está exenta de tensiones: el impacto social, la pérdida de empleos y la redefinición de servicios históricamente accesibles reabren el debate sobre los costos y beneficios de este modelo.