Alarma en el INTI: proyectan despidos masivos, 700 empleados perderían sus puestos de trabajo
La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, se inscribe en una estrategia más amplia de rediseño del aparato público, aunque despierta fuertes cuestionamientos por su impacto operativo y social.
El escenario dentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial se tensiona tras la confirmación de un plan de reducción de personal que podría superar ampliamente los 700 trabajadores, según consignó la Agencia NA. La advertencia fue comunicada luego de una reunión entre el presidente del organismo, Miguel Romero, y el Consejo Directivo.
Según trascendió, el pedido oficial no se limitaría a los despidos inicialmente mencionados, sino que podría duplicar esa cifra, lo que sugiere un ajuste de mayor profundidad al que se reconoce públicamente.
Este punto resulta clave: la falta de precisión en los números y la posibilidad de que las desvinculaciones respondan a exigencias externas refuerzan la percepción de un proceso de reestructuración acelerado, con escaso margen de negociación interna. De hecho, el propio Romero marcó distancia al afirmar que no convalidará los despidos bajo su gestión, en lo que puede leerse como una señal de fractura entre la conducción del organismo y las directivas ministeriales.
“El acuerdo original no contemplaba cesantías, sino una reducción de servicios”, sostuvo el funcionario, dejando entrever un cambio de criterio en la política oficial. Este viraje abre interrogantes sobre la sustentabilidad del INTI como organismo técnico, especialmente en áreas estratégicas vinculadas al desarrollo industrial.
En paralelo, la reacción sindical no se hizo esperar. Trabajadores y delegados convocaron a una jornada de protesta frente a la sede del instituto, con el objetivo de visibilizar el conflicto y advertir sobre las consecuencias del ajuste. Más allá del impacto inmediato sobre el empleo, el conflicto pone en discusión el rol del Estado en la promoción tecnológica y el riesgo de desarticular capacidades acumuladas durante años.
