Ajuste a la educación: los trabajadores universitarios perdieron 32% de poder adquisitivo
Así lo advirtió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que trazó un diagnóstico preocupante sobre el presente de las casas de estudio públicas.
El sistema universitario argentino atraviesa una de sus etapas más críticas en décadas, atravesado por una combinación de recortes presupuestarios y deterioro salarial que impacta de lleno en su funcionamiento.
De acuerdo con el informe, las transferencias del Estado a las universidades acumulan una caída real cercana al 46 % entre 2023 y 2026, una contracción que no solo limita el funcionamiento cotidiano, sino que también condiciona la actividad académica, la investigación y la gestión administrativa.
El ajuste, en este sentido, no aparece como un recorte aislado, sino como un proceso sostenido que erosiona la estructura del sistema.
El impacto más visible se refleja en los salarios. Mientras los ingresos del personal universitario crecieron un 158 % en el período analizado, la inflación avanzó mucho más rápido, alcanzando el 280 %. La consecuencia es una pérdida del poder adquisitivo del orden del 32 %, que en términos concretos equivale a más de siete sueldos completos evaporados en poco más de dos años.
Este deterioro no solo implica una caída en el ingreso real, sino que ubica a los salarios universitarios en niveles históricamente bajos, reabriendo interrogantes sobre la capacidad del sistema para retener y atraer profesionales calificados.
El escenario se agrava al observar los gastos de funcionamiento. Las partidas destinadas a sostener la actividad diaria de las universidades operan actualmente en torno al 40 % de su poder de compra original, lo que obliga a las instituciones a administrar la escasez en áreas clave. En términos acumulados, la pérdida equivale a varios meses completos de financiamiento.
El recorte también alcanza a programas estratégicos. Las partidas para ciencia y técnica, extensión universitaria y becas estudiantiles muestran caídas drásticas, con niveles de ejecución que en algunos casos rozan la desaparición. Iniciativas como las Becas Progresar o los programas de infraestructura quedaron severamente relegadas, lo que impacta tanto en el acceso como en la calidad educativa.
El pronunciamiento del CIN, difundido tras su plenario realizado en Santa Rosa, no solo describe una crisis coyuntural, sino que advierte sobre un proceso de desfinanciamiento estructural.
En ese marco, el debate de fondo vuelve a instalarse: hasta qué punto el ajuste fiscal puede sostenerse sin comprometer uno de los pilares históricos de desarrollo científico, educativo y social del país.
