Crisis en Tierra del Fuego: el Gobierno responde con represión a la protesta por la industria electrónica
En medio de una parálisis industrial y una sociedad movilizada, la provincia más austral del país se prepara para resistir no solo la pérdida de su principal actividad económica, sino también una avanzada autoritaria que busca imponer el ajuste a cualquier costo.
En lugar de abrir canales de diálogo ante una crisis social creciente, el Gobierno Nacional ha optado por endurecer su postura en Tierra del Fuego, una provincia fuertemente golpeada por la reciente decisión de eliminar los aranceles a productos electrónicos importados.
La medida, que amenaza con desmantelar el tejido industrial de la región, ya generó una huelga general del sector metalúrgico y protestas que podrían escalar en los próximos días. La respuesta oficial: la creación del Comando Unificado Tierra del Fuego, una fuerza especial compuesta por Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, con el objetivo de aplicar los polémicos protocolos antipiquetes y antibloqueo.
La decisión, impulsada por el Ministerio de Seguridad, encendió las alarmas entre organizaciones sindicales, sociales y políticas, que interpretan la medida como un intento de criminalizar la protesta social en lugar de atender las causas estructurales del conflicto. El antecedente inmediato —el estado crítico del fotógrafo Pablo Grillo tras una brutal represión en CABA— refuerza el temor de que el uso de la fuerza se convierta en la norma frente al disenso.
El conflicto tiene raíces profundas. La eliminación del subrégimen de promoción industrial no solo pone en riesgo más de 9.500 empleos directos, sino que amenaza con arrastrar a toda la economía fueguina, que depende en gran medida del ensamblaje de productos electrónicos. La importación sin aranceles de bienes tecnológicos, bajo el argumento de la “libre competencia”, coloca en una situación de desventaja absoluta a la industria local, con consecuencias sociales previsibles: despidos masivos, cierre de fábricas y aumento de la pobreza.
Frente a este escenario, la reacción del gobierno de Milei es doblemente preocupante. Por un lado, niega el diálogo con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las autoridades provinciales, quienes han pedido una instancia de negociación. Por otro, militariza el territorio, instalando una fuerza conjunta que lejos de garantizar seguridad, parece orientada a sofocar cualquier expresión de protesta.
Este giro represivo no es un hecho aislado. Se inscribe en una lógica nacional que privilegia la desregulación y el ajuste por sobre el consenso democrático, y que percibe la movilización social como una amenaza antes que como un derecho constitucional. El caso de Tierra del Fuego podría convertirse en un caso testigo de cómo se gestionan los conflictos en el nuevo paradigma político: sin negociación, sin sensibilidad social y con el aparato represivo como única respuesta.
