El avance del monotributo: precariedad laboral bajo el velo de la formalidad
En la Argentina contemporánea, el fenómeno del monotributo ha dejado de ser una herramienta auxiliar para trabajadores independientes y se ha convertido en el eje de una transformación estructural y silenciosa del mercado laboral.
Con más de dos millones de personas registradas bajo este régimen, su crecimiento sostenido pone en evidencia no solo un cambio en las formas de contratación, sino también una preocupante institucionalización de la precariedad.
De acuerdo con un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre enero de 2012 y febrero de 2025, la cantidad de monotributistas creció un 58,8%. Lejos de representar un simple avance de la cultura emprendedora o del autoempleo, este dato revela un corrimiento sistemático del empleo formal hacia esquemas que no garantizan derechos básicos: no hay vacaciones pagas, aguinaldo, licencias, estabilidad ni negociación colectiva.
La sanción de la reforma laboral contenida en la Ley Bases agrava este escenario. La nueva normativa habilita a los empleadores a contratar hasta tres “colaboradores” bajo el monotributo, lo que para el CEPA equivale a “la negación misma de la relación laboral formal”. Este cambio legal profundiza una tendencia que ya venía en alza: desde noviembre de 2023, se destruyeron más de 108 mil empleos asalariados formales, mientras que en el mismo período ingresaron cerca de 50 mil nuevos monotributistas.
El retroceso no solo se manifiesta en el plano de los derechos laborales, sino también en el acceso a la seguridad social de los sectores más vulnerables. El monotributo social, pensado como un puente entre la informalidad y la protección estatal, sufrió una poda drástica: más de 424 mil bajas desde noviembre de 2024, producto del aumento de las cuotas mensuales y exigencias burocráticas que empujan nuevamente a la informalidad.
Los efectos de esta reconversión del trabajo se sienten de manera desigual en el territorio. Aunque algunas provincias como Buenos Aires, Córdoba y CABA muestran repuntes puntuales, en otras siete jurisdicciones se registraron caídas notables del empleo. Sectorialmente, la construcción y el comercio crecieron, pero el agro, la minería y las finanzas mostraron retrocesos, en una economía que aún no logra un rumbo claro.
Para el CEPA, el nuevo marco legal no hace más que legalizar la informalidad bajo una fachada de “modernización” y “flexibilización”. En los hechos, el monotributo —originalmente pensado como una herramienta de inclusión— está siendo usado para abaratar costos laborales y desmontar el aparato de derechos que costó décadas de lucha sindical y social.
La pregunta de fondo es ineludible: ¿puede una economía desarrollarse de forma sostenible si gran parte de su fuerza laboral trabaja sin derechos básicos ni estabilidad? La lógica del monotributo como norma y no como excepción nos enfrenta a un dilema crítico: la libertad de emprender no debe ser excusa para precarizar la vida.
