Pollicita amplía la investigación sobre los bienes de Adorni y pone la lupa en su pasado patrimonial

La causa judicial que examina la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una nueva etapa luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenara una serie de medidas destinadas a profundizar el análisis sobre el origen y la consistencia de los bienes declarados por el funcionario.

El avance de la investigación se produce tras las modificaciones realizadas en las declaraciones juradas de Adorni y las explicaciones públicas que ofreció acerca del crecimiento de su patrimonio.

En este contexto, la fiscalía busca reconstruir con precisión la trayectoria económica del funcionario y de su núcleo familiar para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y los activos acumulados.

Entre las medidas dispuestas, se requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre las declaraciones juradas presentadas por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, entre 2023 y 2025, mientras que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá remitir los antecedentes laborales completos de ambos desde 2012. El objetivo es verificar remuneraciones, aportes previsionales y actividades económicas desarrolladas durante ese período.

Uno de los principales ejes del expediente está centrado en las inversiones en criptomonedas. La fiscalía intenta determinar si el incremento patrimonial informado por el funcionario encuentra respaldo en la evolución real de esos activos digitales. Para ello, especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) elaborarán informes técnicos sobre el comportamiento histórico del Bitcoin, mientras que la Policía Federal recopilará declaraciones públicas, entrevistas y publicaciones en redes sociales vinculadas a las inversiones financieras realizadas por Adorni.

La investigación podría ampliarse temporalmente. Pollicita evalúa extender el período bajo análisis si la justificación de determinados bienes remite a años anteriores a la llegada del funcionario a la administración nacional. Esta posibilidad surge a partir de las explicaciones brindadas sobre el origen de parte de su patrimonio, estimado en cerca de 945 millones de pesos, y sobre el crecimiento de sus ahorros en moneda extranjera asociado al mercado de criptomonedas.

Paralelamente, la Justicia también puso la lupa sobre la herencia familiar mencionada por Adorni como uno de los componentes de su capital. En ese sentido, se solicitaron antecedentes del proceso sucesorio de su padre para establecer la existencia de bienes, activos financieros o derechos hereditarios que puedan respaldar la composición patrimonial declarada.

La pesquisa además incorpora el análisis de las actividades económicas de su esposa y de la firma de consultoría MasBe, con el propósito de determinar posibles vínculos comerciales con empresas que mantienen contratos con el Estado. Los investigadores buscan establecer si existieron operaciones o relaciones societarias relevantes para el expediente.

El caso se desarrolla en un contexto judicial más amplio que involucra a integrantes del entorno familiar del funcionario. Su hermano, Francisco Adorni, también enfrenta una investigación relacionada con rectificaciones patrimoniales, mientras que otros expedientes analizan contrataciones y vínculos empresariales asociados al círculo cercano del jefe de Gabinete.

Más allá de las definiciones judiciales que puedan surgir en el futuro, la causa refleja una tendencia creciente de los organismos de control a profundizar el escrutinio sobre la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, especialmente cuando el crecimiento de los activos declarados supera ampliamente los ingresos formales conocidos o requiere explicaciones vinculadas a inversiones financieras complejas.