Corredores Viales: el Gobierno muestra su cara más autoritaria con más de 100 despidos por huelga
En tiempos en los que se debaten libertades públicas, este caso sienta un precedente alarmante sobre la criminalización de la protesta y la vulnerabilidad creciente del mundo del trabajo en la Argentina del presente.
Más de un centenar de trabajadores de peajes fueron despedidos por ejercer su derecho constitucional a huelga. Desde el gremio SUTPA denuncian una clara persecución sindical y exigen la reincorporación inmediata.
La administración de Javier Milei confirmó este lunes el despido de más de 100 trabajadores y trabajadoras de la empresa estatal Corredores Viales S.A., luego de que participaran de una huelga legal y notificada. La medida fue calificada por el gremio SUTPA (Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines) como un acto de represalia y persecución sindical, lo que expone —una vez más— el rostro más autoritario del actual gobierno en su relación con el mundo del trabajo.
Los despidos, que comenzaron a trascender durante el fin de semana, fueron confirmados oficialmente este lunes, generando una ola de repudio desde sectores sindicales, sociales y políticos. “Es una medida claramente inconstitucional, violatoria de derechos básicos y parte de una avanzada para disciplinar a los trabajadores organizados”, señalaron desde el sindicato que conducen Florencia Cañabate y Facundo Moyano.
Huelga legal, despidos ilegales
Según explicó el SUTPA, la huelga fue convocada en reclamo de negociaciones paritarias bloqueadas, condiciones laborales seguras y mejoras en higiene. La medida fue debidamente comunicada a la Secretaría de Trabajo de la Nación y se desarrolló en marco legal, tal como lo garantiza el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
“No se trató de una huelga sorpresiva, ni de una medida salvaje. Fue totalmente legal, comunicada en tiempo y forma, y realizada con total responsabilidad por parte de las y los trabajadores”, afirmaron desde la organización. En ese contexto, los más de 100 despidos fueron interpretados como una represalia directa, lo que constituiría una violación a la Ley 23.592, que prohíbe todo acto de discriminación, incluso por causas gremiales.
Un Gobierno que reprime la protesta
Estos despidos se suman a un clima creciente de tensión entre el Gobierno y los sindicatos, en un contexto donde se multiplican las medidas de ajuste, los recortes salariales y la flexibilización de derechos laborales. Para muchos analistas, el caso de Corredores Viales marca un punto de inflexión, ya que la sanción directa contra el ejercicio del derecho a huelga representa una amenaza grave a la democracia sindical.
“La conducta adoptada por la empresa —y avalada por el Ejecutivo— vulnera convenios internacionales como el N° 87 y el N° 98 de la OIT, ratificados por Argentina, que garantizan la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva”, remarcaron desde el SUTPA.
El gremio se planta
Lejos de retroceder, el sindicato adelantó que utilizará todas las herramientas legales a su disposición para revertir esta situación. “Cada despido será peleado. No vamos a aceptar que se castigue la organización colectiva ni que se pretenda gobernar con miedo”, aseguraron sus referentes.
El SUTPA exige la inmediata reincorporación de los despedidos, una explicación pública de parte de Corredores Viales S.A. y del Gobierno Nacional, y advierte que cualquier intento de continuar por este camino sólo profundizará el conflicto social.
