La UOM advirtió que hay al menos entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajos en riesgo
Con 22.000 despidos consumados y entre 30.000 y 50.000 puestos más en riesgo, la apertura indiscriminada de importaciones empieza a cobrar su precio más alto: el trabajo argentino. La UOM lanza un plan de lucha nacional y denuncia la inacción del Gobierno frente a una industria en caída libre.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lanzó esta semana un plan de lucha nacional frente a un escenario que calificaron como “crítico y desesperante” para los trabajadores del sector industrial. Con asambleas informativas ya en marcha en distintas fábricas y paros progresivos anunciados, el gremio eleva su reclamo frente a la pérdida masiva de empleo, el derrumbe del poder adquisitivo y el avance de un modelo económico que parece priorizar las importaciones por sobre la producción nacional.
Según denunció el secretario general del sindicato, Abel Furlán, ya se han perdido 22.000 puestos de trabajo desde que comenzó el nuevo ciclo económico, y están en riesgo entre 30.000 y 50.000 empleos más si no se modifica el rumbo actual. “Nos quieren imponer condiciones completamente desconectadas de la realidad. La industria no resiste más”, advirtió Furlán durante el Congreso Nacional de Delegados realizado en Mar del Plata, donde participaron más de 50 seccionales de todo el país.
El costo humano del libre comercio sin red
Lejos de tratarse de un reclamo aislado, lo que plantea la UOM pone en evidencia las consecuencias sociales de la liberalización comercial sin protección alguna para la industria nacional. La apertura de importaciones en un contexto de recesión interna y sin políticas de fomento a la producción local no solo expulsa trabajadores del sistema productivo, sino que condena al país a un retroceso estructural en términos de soberanía económica e inclusión social.
En lugar de una reactivación, lo que se percibe es una industria metalúrgica asfixiada por la falta de demanda interna, el encarecimiento del crédito, la incertidumbre cambiaria y la competencia desigual con productos importados que ingresan con costos irrealmente bajos. En ese marco, la ausencia de diálogo por parte del Gobierno Nacional y el congelamiento de las paritarias profundizan aún más la desprotección de un sector que históricamente ha sido uno de los pilares del empleo formal en el país.
El sindicalismo, en pie de lucha
Ante la inacción oficial y la indiferencia empresarial, la UOM no solo denuncia, sino que pasa a la acción. El gremio ya definió un cronograma progresivo de medidas que irá in crescendo: desde asambleas en las plantas hasta un paro nacional de 24 horas, con la posibilidad de extenderse a paros de 48 y 72 horas si persiste el silencio por parte de los responsables de la política económica.
En zonas como San Nicolás, ya se iniciaron las primeras actividades informativas para involucrar a las bases en un reclamo que trasciende lo salarial: se trata, según el gremio, de una lucha por la supervivencia misma del trabajo industrial en Argentina.
Un modelo que no cierra con trabajadores adentro
El conflicto de los metalúrgicos se suma a una larga lista de sectores que están pagando el costo del ajuste económico. En nombre del equilibrio fiscal, el Gobierno ha emprendido un proceso de desregulación que, hasta ahora, ha beneficiado a importadores, especuladores financieros y grandes grupos exportadores, mientras el empleo formal, el salario real y la producción nacional caen sin red de contención.
El caso de la UOM visibiliza los límites de este modelo y plantea una pregunta inquietante: ¿puede sostenerse una economía sin industria? Y si la respuesta es no, entonces la inacción frente a esta crisis laboral ya no es un problema técnico, sino ético y político.
Si el Ejecutivo no escucha, el conflicto solo se profundizará. Y con cada puesto perdido, se aleja un poco más la promesa de un país productivo e inclusivo.
