Con respaldo internacional, CTERA denuncia ante la Justicia el decreto “anti huelga”

El gremio advierte que se trata de un nuevo intento por restringir el derecho constitucional a la huelga y desmantelar la negociación colectiva en el sector educativo.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) presentó una queja formal ante la Justicia Nacional del Trabajo contra los decretos 340/25 y 341/25 del gobierno de Javier Milei, que declaran a la educación como “servicio esencial” y eliminan la obligación del Estado nacional de participar en la Paritaria Docente Federal.

La acción fue encabezada por la secretaria general del sindicato, Sonia Alesso, quien calificó las medidas como un «avasallamiento a los derechos fundamentales de las y los trabajadores de la educación». Según denuncian, los decretos no solo pretenden disciplinar la protesta gremial, sino que desconocen la paritaria como una obligación del Estado para garantizar condiciones laborales dignas a nivel nacional.

Una avanzada que busca silenciar la protesta

El decreto 340/25, firmado por el presidente Milei y publicado el 21 de mayo, declara a la educación como un servicio esencial. En los hechos, implica que los paros docentes quedarían prácticamente anulados, ya que se exigiría la prestación del servicio en niveles mínimos que neutralizan su impacto. Para CTERA y otras organizaciones sindicales, esto constituye una maniobra inconstitucional y una peligrosa regresión en materia de libertades sindicales.

El DNU 341/25 va más allá: elimina la participación del Estado nacional en la Paritaria Federal, desentendiéndose de su rol como garante de un piso salarial y de condiciones básicas a nivel país. Esta medida afecta de forma directa a las provincias más postergadas, que sin ese marco nacional quedan en situación de mayor vulnerabilidad.

Una política sistemática de desmantelamiento educativo

CTERA enmarca estos decretos en una ofensiva más amplia contra la educación pública: ajuste presupuestario, licuación de salarios, eliminación del FONID, paralización de obras escolares y recorte en formación docente. El gremio afirma que se busca reducir la educación a un servicio subordinado al mercado, vaciado de contenido público y social.

«El desprecio hacia los docentes, nuestras niñas, niños y adolescentes es evidente», expresó el sindicato en un duro comunicado, en el que reafirma su compromiso con la defensa de la democracia sindical y el derecho a la protesta. “Jamás serán avasallados nuestros derechos laborales y nuestras conquistas históricas”, concluye el texto.

Respaldo internacional: preocupación por el rumbo autoritario
La ofensiva del gobierno de Milei no pasó desapercibida fuera del país. La Internacional de la Educación (IE), federación que agrupa a sindicatos docentes de todo el mundo, expresó su pleno respaldo a CTERA, CONADU, SADOP y CEA y denunció que el decreto es un intento “grotesco” de suprimir el derecho a huelga.

La organización internacional recordó que ya hubo intentos similares en gobiernos anteriores, que fueron declarados inconstitucionales por la Justicia argentina y condenados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su comunicado, lanzó un llamamiento a la solidaridad internacional con los docentes argentinos.

¿Hacia un Estado sin paritaria ni protesta?

Los decretos impugnados no son hechos aislados. Se insertan en un modelo de gestión autoritario, que busca imponer un Estado sin mediaciones, sin diálogo, sin sindicatos, en el que la negociación colectiva es vista como un obstáculo y la huelga, como un delito.

La presentación judicial de CTERA no solo busca frenar estas medidas regresivas, sino también alertar sobre el rumbo antidemocrático de las reformas laborales y educativas del gobierno de Javier Milei. La disputa no es solo por el salario o las condiciones laborales: está en juego el derecho a organizarse, a protestar y a defender lo público.

En medio de un proceso de ajuste brutal, los docentes vuelven a estar en la primera línea de resistencia. Y no están solos: la solidaridad internacional y el repudio de amplios sectores sociales y políticos marcan que este conflicto apenas comienza.