Caso Pablo Grillo: la Gendarmería cerró el expediente exprés y alimenta la sospecha de impunidad
El informe oficial atribuyó el hecho a un “hecho fortuito” y deslizó la responsabilidad sobre la propia víctima por ubicarse “en la línea de tiro”, en un argumento que bordea el absurdo y refuerza la idea de encubrimiento dentro de la propia fuerza.
En un trámite que rozó la velocidad récord, Gendarmería Nacional resolvió cerrar el expediente administrativo por el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien estuvo a punto de perder la vida tras ser alcanzado por un disparo efectuado por el cabo Héctor Guerrero.
La defensa de Grillo, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó duramente el informe de la fuerza federal al que calificó como “falaz” y dirigido a proteger a sus integrantes. “Las fuerzas de seguridad encubren a sus miembros en casi el 90% de las investigaciones internas”, denunció la abogada Claudia Cesaroni, quien representa a la familia de Grillo.
El relato oficial de Gendarmería, que cerró la investigación disciplinaria sin reproches para Guerrero, sostiene que el disparo se produjo por mala visibilidad y por la supuesta imprudencia de Grillo al ubicarse en un lugar peligroso. Así, se exonera de toda responsabilidad a un agente que no solo disparó, sino que además puso en riesgo la vida de un trabajador de prensa en pleno ejercicio de su labor.
El resultado de este informe exprés no hace más que multiplicar las sombras sobre la actuación de Gendarmería y la forma en que la institución resuelve —o, mejor dicho, oculta— la violencia institucional. Para colmo, el cabo Guerrero sigue en funciones, como si nada hubiera pasado, mientras la causa penal aún no avanza al ritmo que exigen las pruebas presentadas.
“Desde el 21 de marzo venimos reclamando que Guerrero sea citado a declarar por tentativa de homicidio”, recordó Cesaroni, que también apuntó contra la cadena de mandos y la instrucción que recibió el personal ese día. La abogada subraya que existen registros fotográficos y audiovisuales que contradicen de forma tajante la versión oficial.
La sensación de impunidad se vuelve aún más inquietante porque, según el CELS, el objetivo de la investigación interna no fue esclarecer la verdad, sino “construir un relato corporativo” para garantizar la impunidad y blindar a la fuerza. El mensaje, al fin de cuentas, suena tan claro como preocupante: si un gendarme dispara y lastima gravemente a un civil, la propia institución investigará a la velocidad de un trámite exprés, redactará un informe a la medida y protegerá a su efectivo sin el menor sonrojo.
La pregunta de fondo es brutal: ¿quién nos cuida de quienes supuestamente nos cuidan?
