Caputo impulsa una nueva flexibilización fiscal para facilitar el ingreso de dólares no declarados
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa con la que el Gobierno busca ampliar los beneficios para quienes posean fondos no declarados, reduciendo controles y otorgando mayores garantías para que esos recursos ingresen al circuito formal sin consecuencias tributarias o penales.
La propuesta, que será enviada al Congreso, modifica el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El objetivo oficial es corregir aspectos de la ley aprobada meses atrás que, según especialistas tributarios, generaban incertidumbre respecto de la permanencia de los beneficios en caso de que el organismo detectara diferencias en las declaraciones presentadas.
Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de los límites para acceder al régimen y la posibilidad de rectificar declaraciones juradas sin perder las ventajas previstas por la norma. De este modo, los contribuyentes podrán corregir inconsistencias detectadas por la administración fiscal y mantener la cobertura legal, en una señal que apunta a brindar mayor seguridad jurídica a quienes decidan exteriorizar activos.
El proyecto también restringe la capacidad de fiscalización de ARCA, ya que el organismo solo podrá cuestionar una declaración cuando cuente con pruebas objetivas que acrediten diferencias significativas. Además, contempla la exención de determinadas multas para contribuyentes que regularicen previamente deudas en Ganancias o IVA y se incorporen al régimen simplificado.
La iniciativa profundiza una política que ya había generado controversias con la ley vigente, la cual elevó considerablemente los montos mínimos para configurar delitos de evasión fiscal. A partir de esa modificación, la evasión simple solo puede ser perseguida penalmente cuando supera los 100 millones de pesos, mientras que para la evasión agravada el umbral asciende a 1.000 millones. También se incrementaron los pisos para otras infracciones tributarias, reduciendo el alcance de las sanciones penales.
Otro de los aspectos cuestionados es que la normativa habilita a ARCA a desistir de promover acciones penales si el contribuyente regulariza su situación antes del inicio de una causa judicial y cancela la deuda correspondiente. Al mismo tiempo, reduce de cinco a tres años el plazo con el que cuenta el organismo para fiscalizar operaciones no declaradas.
Desde el Gobierno sostienen que estas modificaciones buscan generar confianza y favorecer el ingreso de ahorros al sistema financiero para fortalecer la economía. Sin embargo, la iniciativa vuelve a abrir el debate sobre el equilibrio entre incentivar la formalización de capitales y preservar la equidad tributaria.
Diversos especialistas advierten que este tipo de esquemas puede transmitir la señal de que quienes incumplen sus obligaciones fiscales terminan obteniendo condiciones más favorables que los contribuyentes que cumplen regularmente con el pago de sus impuestos, debilitando los incentivos al cumplimiento voluntario y la capacidad de control del Estado.
